Mal acaba lo que mal empieza, reza el refrán. En esta era de recortes donde se exige a los ciudadanos que asuman lo que llaman medidas impopulares, sorprende por su desvergüenza el veto que ha ejercido el Partido Popular en la Comunitat Valenciana para impedir que salga adelante una ley que también contempla recortes, en este caso a los expresidentes y altos cargos de la Administración, para que dejen de percibir privilegios y asignaciones económicas al abandonar su puesto, cuando hayan sido condenados por delitos de corrupción.

Nadie se debería oponer a esta medida mientras se están desatendiendo servicios como la educación, la sanidad o la Ley de Dependencia porque dicen que no hay dinero para mantener el Estado del bienestar tal y como lo concebíamos hasta hace unos meses.

Con este veto indican que no sólo seguirán sin perseguir los casos de corrupción que se dan entre sus miembros, sino que están dispuestos a premiarles con incentivos económicos cuando la Justicia les expulse del cargo por delincuentes.

Para justificar lo injustificable recurren a ese lavado de expediente que para ellos supone ganar en las urnas y afirman que esos privilegios son: “Un reconocimiento del pueblo hacia quienes el mismo pueblo ha elegido para gobernar”. En efecto, para gobernar, no para recortar también la cartera de los ciudadanos en beneficio de los amigos.

Utilicen con los corruptos parte de la crueldad que ejercen contra los indefensos, sólo una pequeña parte, por respeto elemental hacia las víctimas del latrocinio.