Francisco Balaguer Callejón

Catedrático de Derecho Constitucional

A pesar de que el proceso de integración europea no se haya canalizado a través de estructuras plenamente democráticas, ha servido de estímulo, de manera felizmente paradójica, para el desarrollo de procesos de democratización en estados europeos que querían unirse a “Europa”, es decir, al grupo de países que tanto habían prosperado no sólo en crecimiento económico, sino también en progreso social. Al mismo tiempo, cuando se plantearon los primeros problemas de posible involución democrática en un Estado miembro hace doce años, la Unión Europea adoptó una posición firme, de defensa de las garantías democráticas, y procuró dotarse de una base jurídica para poder actuar contra un Estado miembro no sólo frente a casos de violación grave de los principios democráticos, sino también frente a riesgos potenciales de esa naturaleza.

Estos mecanismos deberían ponerse en práctica cuando se constate un riesgo claro de lesión grave de los valores que proclama el artículo 2 del Tratado de la UE: “Respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”, valores que se definen como “comunes a los estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.

La nueva Constitución de Hungría no hace honor a su nombre y, por ese motivo, contrasta claramente con los valores en los que se fundamenta la UE. No cabe duda de que, en otros tiempos, la UE habría adoptado medidas de presión sin esperar a que la Constitución húngara entrara en vigor, el pasado 1 de enero. Sin embargo, la Comisión Europea ha esperado hasta este momento para adoptar una posición más firme frente a Hungría. Y es que, uno de los efectos colaterales de la “ocupación” fáctica del poder político de la UE por los gobernantes de los estados con mayor poder económico, es la extrema debilidad de las instituciones europeas, que se sienten incapaces de promover actuaciones más enérgicas por temor a ser desautorizadas.