JOSÉ MANUEL NAREDO

El afán de hacer caja vendiendo patrimonio no augura un futuro muy prometedor para quienes lo practican. Sin embargo, es lo que viene haciendo el Estado español en los últimos lustros, arrastrado por la fiebre privatizadora de sus gobernantes. Las privatizaciones se han acordado, tanto en momentos de auge como de declive económico, por gobiernos socialistas y populares que mostraron en este empeño un continuismo digno de mejor causa, al verse espoleados por los mismos intereses dominantes, siempre deseosos de parasitar y/o privatizar lo público. Se fueron así desmantelando y vendiendo un sinnúmero de empresas e instituciones públicas nacidas para fomentar la actividad o suplir las carencias de la iniciativa privada en la industria, la agricultura, la banca o determinados servicios, como el abastecimiento de agua, los transportes, las comunicaciones… o la vivienda social. Y cuando el proceso privatizador parecía ya haber culminado con la venta de las llamadas “joyas de la corona” (Argentaria, Telefónica, Endesa, Tabacalera y Repsol), ha vuelto con renovado ahínco para privatizar desde Aena y las cajas de ahorros hasta el Canal de Isabel II.

Ahora se justifican engañosamente las privatizaciones como medidas de emergencia para “tranquilizar a los mercados” y facilitar la “salida de la crisis”. Se olvida que los analistas de la deuda no sólo miran los ingresos, sino también el patrimonio que muestra en el balance la solvencia de las entidades. Y que estas privatizaciones de emergencia, realizadas generalmente a precio de saldo, suponen pan para hoy y hambre para mañana. Sobre todo cuando, tras sanear el pastel con dinero público, se trocea para vender sus partes más suculentas, quedándose el Estado con los descartes que los compradores privados no quieren. Así, mientras los aeropuertos y las cajas con más margen de negocio se privatizarán, la existencia del resto quedará a expensas de los contribuyentes de un Estado cada vez más escuálido al que sólo le queda por privatizar poco más que las loterías. ¿Se acabará cediendo también este jugoso instrumento recaudatorio a manos privadas sin exigir, como hasta ahora, responsabilidades a quienes decretan semejante saqueo de lo público?

José Manuel Naredo es economista y estadístico