FRANCISCO BALAGUER

Una de las novedades más significativas del nuevo sistema de financiación autonómica es la aportación de recursos adicionales por el Estado con la finalidad de que la ciudadanía tenga garantizada la igualdad básica en los servicios públicos fundamentales. Además de las dotaciones para sanidad, educación y servicios sociales, se han incluido también fondos específicos para la aplicación de la Ley de Dependencia. Está previsto que el 80% de los recursos del sistema se destinen a la realización del principio de solidaridad, garantizando igual financiación para los servicios públicos fundamentales.

Los recursos adicionales aportados por el Estado se distribuirán de acuerdo con diversas variables. Así, una de las preocupaciones esenciales del nuevo sistema es incorporar a la financiación los aumentos de población de los últimos años y, por ese motivo, una parte importante de los recursos adicionales que el Estado aporta se distribuirán inicialmente atendiendo a ese criterio (teniendo en cuenta el período 1999-2009). Otros recursos adicionales del Estado se distribuirán en el año 2009 atendiendo a otras variables, entre las que destaca el peso relativo de la población potencialmente dependiente y del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación.

En el año 2010, la distribución de los recursos adicionales aportados por el Estado tendrá en cuenta también el peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación. A diferencia de otras partidas, que se han visto sometidas a reducciones, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 ha incrementado en un 36,5% los fondos previstos para la aplicación de la Ley de Dependencia. Un aumento sustancial, pero todavía insuficiente en relación con muchas comunidades autónomas que tienen dificultades para aplicar la ley (aunque en Canarias, Baleares y Murcia parece que los medios económicos actuales cubren sobradamente las necesidades financieras de la comunidad autonóma por este concepto).

La incorporación de esta partida específica para la aplicación de la Ley de Dependencia ha permitido visualizar el tratamiento tan diferente que esta ley está teniendo en las diversas comunidades autónomas. Sorprende especialmente –de acuerdo con los datos que incorpora el Acuerdo para la Reforma del Sistema de Financiación– el número tan bajo de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación en la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana. Estas autonomías han sido superadas por otras con menos población, incluidas algunas gobernadas por el Partido Popular (por ejemplo, Castilla y León supera a la Comunitat Valenciana, pese a tener prácticamente la mitad de población). Estas diferencias evidencian la preocupación real que los responsables de algunas comunidades autónomas tienen por el bienestar de su ciudadanía, más allá de declaraciones retóricas con las que intentan esconder sus luchas internas por el poder o su relación con tramas de corrupción que han financiado lujosos vestuarios.

Francisco Balaguer es catedrático de Derecho Constitucional