Óscar Celador

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

La Conferencia Episcopal ha anunciado que el Estado debe entregarle 248,3 millones de euros, gracias a la indicación que en ese sentido hicieron los contribuyentes en la declaración de la renta de 2011. La jerarquía católica ha destacado con cierto regocijo dos datos, que el número de declarantes que marcaron su casilla en la declaración del IRPF de 2011 se ha incrementado en casi 200.000 personas con respecto a 2010, y que este año recibirá menos dinero que el año pasado porque se han reducido los ingresos del Estado vía IRPF. Sin embargo, la jerarquía católica ha olvidado destacar otros dos datos que son muy relevantes, y es que el dinero que recibe por esta vía no proviene del bolsillo de los católicos sino del de todos los españoles pues deriva de un impuesto; y que sólo el 35,71% de los declarantes señalaron su casilla o, lo que es lo mismo, que casi el 65% de los declarantes ha decidido no financiarle.

Algunas explicaciones de esta estadística podrían ser que la mayoría de los contribuyentes prefieren que el Estado se gaste sus impuestos en cosas más importantes; o bien que a los españoles no les gusta que les engañen diciéndoles que con una parte de sus impuestos pueden financiar la obra social de la Iglesia católica, cuando en realidad se dedican a pagar el salario del clero. Tampoco han faltado los dirigentes políticos despistados que han denunciado que la financiación de la Iglesia católica es ordenada por un concordato o un tratado internacional, cuando esta es la consecuencia del acuerdo al que llegaron un Gobierno socialista y la Iglesia católica en 2006, que se plasmó en la Ley de Presupuestos Generales para 2007.

Así las cosas, puede que la Iglesia católica esté frotándose las manos ya que, pese a que sus líderes descalificaron en numerosas ocasiones al anterior Gobierno, este le concedió el mejor modelo de financiación del que ha disfrutado en democracia, y desde luego el actual Gobierno no parece que vaya a tocar este asunto. Sin embargo, la financiación con dinero público de la Iglesia católica también puede tener otra lectura: ¿qué mérito tiene una Iglesia que ha de ser financiada por el Estado porque sus teóricos fieles no la quieren financiar?