Aunque no tuvo el coraje necesario para coger el toro por los cuernos mientras permaneció en el poder, el PSOE parece ahora dispuesto a dar la batalla contra la proliferación de desahucios, un drama que desde 2008 ha hundido en la miseria a más de 350.000 familias y que este año alcanza el pavoroso récord de 526 diarios.

El Gobierno, que hace unos meses promovió sin éxito un ingenuo código de buenas prácticas para el sector bancario, se ha avenido a reflexionar con los socialistas sobre los aspectos más obsoletos del procedimiento de ejecución hipotecaria, que data de 1909 y se ha manifestado con toda su crueldad en esta interminable crisis económica.

No obstante, para que Rajoy diera este paso adelante ha sido necesario que clamaran contra los desahucios, no el 15-M, ni muchos jueces, ni el Defensor del Pueblo, sino su propio electorado, que en un 90% es partidario de aplazarlos o suspenderlos en los tiempos que corren, según un reciente sondeo de Metroscopia.

Ese rechazo social ha sido abonado, sin duda, por episodios especialmente trágicos, como el suicidio de algunos afectados, y por la falta absoluta de sensibilidad de los bancos, que no tienen empacho en poner de patitas en la calle a sus deudores, mientras con la otra mano cogen las ayudas que les prestamos entre todos los ciudadanos.

Más de 21.000 millones de euros de dinero público ha recibido ya la banca española para sortear una crisis que el sistema financiero tanto contribuyó a crear y de la que todo apunta a que se irán de rositas sus responsables, pero no así sus damnificados.

Un dinero, por cierto, del que paradójicamente han tenido que poner también su cuota parte las víctimas de los desahucios, convertidos así en paganos de esta lamentable situación por partida doble.

La reforma sujeta a negociación entre el PSOE y el PP tiene como piedra de toque la dación en pago, que varias sentencias han considerado ya suficiente para saldar la deuda de aquellas personas incapaces de hacer frente a sus pagos hipotecarios.

En pleno desplome del precio de los inmuebles, la dación en pago infligiría un claro quebranto para los bancos, pero es justo que así sea, porque buena parte de la culpa de lo que está pasando obedece a la insensata política de crédito llevada a cabo por ellos en los atolondrados años de crecimiento.

De toda formas, si finalmente deciden ponerle el cascabel al gato, los legisladores deberán andarse con pies de plomo, no vaya a salirnos a todos el tiro por la culata y acabemos pagando por un lado lo que pretendemos dejar de pagar por otro.

Nada tendría de extraño que el coste de las nuevas exigencias se trasladara inmediatamente a los clientes, mediante una elevación de las condiciones y de los tipos de interés de los préstamos, que en el futuro dificultaría aún más el hoy ya casi imposible acceso a la vivienda.

Por eso no basta con institucionalizar la dación en pago o atenuar el procedimiento de ejecución de los desahucios: hacen falta medidas complementarias para que no se cumpla, una vez más, aquello de que la banca siempre gana.