RAMÓN COTARELO

Los partidos, como algunas personas, a veces tienen dos almas: están escindidos, normalmente, entre una tendencia moderada y otra radical. El caso emblemático, el del SPD alemán, que llegó a tener dos programas –el máximo y el mínimo– para aplicar según vinieran dadas; o el PSOE durante la Guerra Civil, entre un sector revolucionario y otro reformista. Es el caso del PP, hoy, entre el centrismo, que nunca acaba de materializarse, y el radicalismo ultraliberal del que hacen gala su presidente de honor, que ahora pide otra transición (y lleva tres) y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) entre otros.

Cuando el liderazgo partidista es fuerte, estas divisiones internas se difuminan, pero brotan crudamente cuando es débil, entre otras cosas, porque tales enfrentamientos ideológicos suelen encubrir ambiciones personales en lucha por la sustitución del líder cuestionado. Es el fulanismo de la política, que denunciaba Miguel Unamuno, revestido de una pátina de ideología. La bronca que enfrenta hoy en Madrid al sector dicho ultraliberal con el sedicentemente centrista, lo es por el control de Caja Madrid, la cuarta entidad financiera de España y una palanca muy poderosa de poder para comprar lealtades, repartir prebendas, financiar proyectos y dar aureola a las políticas propias.

Esperanza Aguirre, cuya combatividad y beligerancia son proverbiales, mostró su determinación de acudir al más que dudoso procedimiento de una enmienda a la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para cambiar la ley y controlar la entidad. A su vez, el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón, quien más perdería de materializarse los designios de Esperanza Aguirre, ha recurrido a su capacidad de maniobra para frustrarlos. En la contienda, el que más puede padecer es el buen nombre de Caja Madrid, cuestión siempre delicada tratándose de una entidad financiera, y más en los tiempos que corren.

El evanescente liderazgo de Mariano Rajoy trata de resolver el problema por elevación, propiciando una reforma legislativa en el Congreso para, dice, “despolitizar” las cajas, lo que eternizaría el problema, cuando lo único que procede aquí es liberar a la de Madrid del afán de injerencia y mando de los dos bandos de su propio partido que él no parece capaz de controlar. Tanto es así que son los sectores de la sociedad civil, los sindicatos, quienes están introduciendo algo de racionalidad en lo que a todas luces es una pendencia tan enconada que puede provocar un desastre corporativo.

Cosa muy difícil, ya que el enfrentamiento ha dado paso a las filtraciones y denuncias correspondientes por recurso a prácticas delictivas de espionaje con la finalidad de una posible extorsión que ya viene de atrás, de los intensos enfrentamientos personales para hacerse un hueco en la carrera por sustituir al perdedor en las últimas elecciones generales. Es patente que estos asuntos aterrizarán en los tribunales y también que será preciso deslindar la responsabilidad penal de la política, para lo cual, en el caso de que haya indicios suficientes para iniciar el proceso penal, habría que pensar en exigir responsabilidades políticas en los más altos niveles de la Comunidad de Madrid, empezando por su presidenta.

Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencias Políticas