ÓSCAR CELADOR ANGÓN

La lucha por los derechos civiles de los inmigrantes sufrió recientemente un duro revés en el Senado estadounidense, gracias al bloqueo por parte de los republicanos del proyecto de ley denominado Dream Act.

Los 11 millones de inmigrantes indocumentados que, de acuerdo con los datos oficiales, residen y trabajan en EEUU carecen de cualquier tipo de derecho civil, económico o social, con independencia del tiempo que lleven residiendo en territorio estadounidense o de su grado de integración social. Ahora bien, ¿qué ocurre con los menores que acompañaron a sus padres en su aventura migratoria y que, al no haber nacido en EEUU, no son ciudadanos estadounidenses, pese a que en muchos supuestos han pasado la

mayor parte de su vida en este país?

Para solucionar este problema, el Dream Act proponía que los hijos de los inmigrantes indocumentados que tuvieran menos de 16 años al entrar a EEUU, y que hubieran vivido en el país al menos cinco años y cursado la educación secundaria, pudieran solicitar un permiso de residencia temporal. El permiso de residencia se convertiría en indefinido sólo para aquellos que en un periodo de seis años obtuviesen un título universitario, o alternativamente sirviesen por un periodo de dos años en las Fuerzas Armadas, y en todo caso careciesen de antecedentes penales.

El rechazo del Dream Act obliga a los hijos de los inmigrantes ilegales a optar entre, bien seguir el ejemplo de sus padres y continuar residiendo ilegalmente en una sociedad que les repudia por sus orígenes y situación migratoria, o bien retornar a sus países de origen, para solicitar desde allí la concesión de un permiso de residencia que en el mejor de los casos obtendrán pasado un periodo de entre seis y diez años. La segunda posibilidad presenta a su vez dos inconvenientes añadidos, pues supone que el inmigrante se traslade a un país del que en muchos casos desconocerá su cultura e incluso idioma, y que se separe de sus familiares y amigos durante un elevado periodo de tiempo, sin tener ninguna garantía de que su

solicitud de residencia prosperará.

Así las cosas, la decisión del Senado estadounidense supone que el sueño de millones de personas que emigraron a EEUU buscando un futuro mejor para sus hijos se haya convertido en la peor de las pesadillas, gracias a la incomprensión que, una vez más, la clase política ha mostrado hacia este colectivo.

Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas