En los últimos meses han aparecido informaciones en diversos medios de comunicación que implican a Juan Carlos de Borbón y Borbón en el cobro de mordidas, el uso de testaferros y la utilización de cuentas en paraísos fiscales, prevaliéndose del ejercicio de la jefatura del Estado. No es nada nuevo; estas informaciones se vienen publicando desde hace décadas. Durante mucho tiempo, una extraña ley del silencio se ha cernido en torno a todo lo referente a la monarquía.

Es desde hace pocos años que esa ley del silencio ha comenzado a romperse porque la sociedad española ha empezado a perder el miedo. Ya no suenan ruidos de sables en los cuarteles, y la generación que no votó la Constitución del 78 señala con el dedo al rey desnudo como en el cuento de Hans Christian Andersen. Debió abdicar entre la vergüenza de Botsuana y el escándalo del caso Nóos, emergiendo una figura institucional desconocida en nuestro ordenamiento, la del rey emérito, para evitar el fin de la monarquía en España. Una especie de jarrón chino de la institución monárquica que vuelve a recordar una y otra vez que algo huele a podrido en La Zarzuela.

¿Por qué después de 40 años de la restauración de la monarquía parlamentaria, Juan Carlos de Borbón y Borbón no puede rendir cuentas de su actividad como jefe del Estado ante los representantes elegidos por el pueblo? ¿Por qué se pretende poner una mordaza al Parlamento para evitar hablar de lo que hoy se discute en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la calle? ¿Por qué la realidad debe estar ajena al Parlamento?

Hoy la discusión no se encuentra en la supuesta “inviolabilidad” del rey; es decir, en si ha de responsabilizarse de las actividades realizadas en el ejercicio de la jefatura del Estado. Se trata de decidir si los pueblos de España tienen derecho a conocer si la más alta institución del Estado es un instrumento idóneo para la corrupción. La gente quiere saber si ser jefe del Estado da derecho a convertirse de forma ilícita en supermillonario y a tener cuentas en paraísos fiscales.

La inviolabilidad del rey no le priva a la gente de su derecho a saber la verdad, y creemos que los primeros que deberían estar interesados en ello deberían ser los partidos monárquicos. Nosotros no lo somos, porque creemos que a todas las magistraturas del Estado se ha de acceder o a través de las elecciones o bajo los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

No deja de sorprender que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, niegue la existencia de partidos monárquicos, y afirme que “únicamente existen partidos constitucionalistas”. Recuerda a quienes no hace tanto afirmaban aquello de “yo no soy monárquico, soy “juancarlista”, cómo si no tendríamos hoy una monarquía parlamentaria. En cualquier caso, no es nuestro problema que el PSOE se sienta representado por una monarquía. Cada cual que gestione como pueda sus contradicciones, pero que no insulten la inteligencia de quienes nos votan.

La corrupción sistemática ha servido a las élites para controlar las instituciones sin presentarse a las elecciones. Se ha hablado mucho de corrupción en nuestro país, pero la gran pregunta que hay que responder es si Juan Carlos de Borbón y Borbón es el señor X de la corrupción que ha sufrido nuestro pueblo.

Son 40 años de Constitución. El protocolo apunta a que lo lógico sería que Juan Carlos I, personaje protagonista de este momento histórico, pudiera dirigirse a las “Cortes”, léase a Congreso y Senado, no a la “Corte” de otros tiempos. PSOE, PP y C'S deben explicar por qué el rey emérito podría venir a hablar al Parlamento, pero es un problema que lo haga para responder a las preguntas de los representantes elegidos por la soberanía popular.

Aunque la monarquía parece más de la época de las espadas que del tiempo de los algoritmos, no es lo que estamos discutiendo ahora. El debate que se plantea en estos momentos es si la gente tiene derecho a conocer a qué se dedicaba el rey mientras se destruían millones de puestos de trabajo y dónde tenía su dinero mientras se recortaba en sanidad, en educación, en pensiones o en servicios sociales.

Reclamamos el derecho a la verdad de la gente trabajadora que ha mantenido a flote este país con su esfuerzo y su sacrificio mientras era saqueada desde los paraísos fiscales.

“Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar".

Estas palabras fueron pronunciadas por Juan Carlos de Borbón y Borbón. Ahora, que se conviertan en hechos.

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