Pere Vilanova

Catedrático de Ciencia Política

Un medio de comunicación no hostil a los sindicatos titulaba: “La plantilla de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) vota a favor de reventar el congreso estrella de Barcelona”, es decir, el congreso mundial de telefonía móvil a celebrar a final de mes. Quizá la palabra “reventar” parezca excesiva, pero es clara y transparente. No sabemos si eso sucederá, pero la hipótesis plantea con agudeza una de las perversidades de la actual crisis económica/financiera y sus consecuencias sociales. ¿Por qué?

Por un lado, los trabajadores afectados (los del metro y los autobuses) tienen motivos para protestar, y según la tradición, si consideran que no hay espíritu negociador, o ni siquiera interlocución, van a la huelga. Con ello, piensan, van a presionar a la otra parte –en este caso al ayuntamiento de la ciudad–, que considerará que cualquier concesión es poca con tal de evitar el desastre. Pero quien firma estas líneas recuerda una huelga de transporte público en Madrid hace menos de dos años, y en dos días la inmensa mayoría de madrileños de a pie estaban indignados con… los sindicatos, y alguno de los mayoritarios se apresuró a distanciarse de la huelga.

La trampa es esta, y la crisis actual incrementa más aun la distorsión óptica: la huelga tomará literalmente como rehenes a la totalidad de la población trabajadora de la ciudad, congresista de telefonía de más o de menos, y como tal la percibirá la gente y la repercutirán los medios de comunicación. Porque las huelgas de sectores en las que el instrumento para la presión no es “la otra parte”, sino la gente, ponen a los propios sindicatos en una situación imposible. Lo que el contexto de la Crisis (con mayúscula) aporta es “cuidado, Europa nos vigila, sino hacemos los deberes, etc.”, es decir, no hagan olas. Pero sin crisis o con menos crisis, lo cierto es que el uso de ese tipo de huelga se encuadra en un estado de opinión colectivo en el que sucesivas encuestas sitúan a los sindicatos en la parte baja de la valoración ciudadana, junto a los partidos políticos.

La historia es injusta: está convirtiendo a los sindicatos, y por extensión a los trabajadores que tienen un trabajo, en “sospechosos habituales”.