ÓSCAR CELADOR ANGÓN

La Inquisición fue un instrumento valioso del que se sirvió la Iglesia católica para castigar los delitos contra la fe, bien obligando a sus fieles a denunciar a sus amigos y vecinos bajo pena de excomunión, o bien a través de un sistema procesal que conseguía que los denunciados confesasen sus pecados con independencia de que los hubiesen cometido. La finalidad de la Inquisición no fue tanto torturar o condenar a muerte a los pecadores, como intimidar a la sociedad para que viviera de acuerdo con los principios y deseos de la Iglesia.

Como en los mejores tiempos de la Inquisición, el padre de Eluana Englaro y los 13 médicos y enfermeros que asistieron a la joven en estado vegetativo están siendo investigados por homicidio voluntario, debido a una denuncia presentada por varias asociaciones de defensa de la vida que alegan que no se siguió el protocolo de desconexión de las sondas que hidrataban y nutrían artificialmente a Eluana desde 1992.

La eutanasia y el suicidio asistido requieren unos requisitos que no concurren en el homicidio o el asesinato, pues sus sujetos pasivos deben padecer una enfermedad grave e incurable que conducirá necesariamente a su muerte y produce graves padecimientos físicos o psíquicos permanentes que el enfermo considera inaceptables y que no pueden mitigarse. En el caso del suicidio asistido, el enfermo debe solicitar de forma consciente, expresa e inequívoca, que le ayuden a quitarse la vida, mientras que en la eutanasia es un tercero el que ocasiona la muerte.

La hipocresía de la Iglesia católica en este debate está siendo mayúscula, ya que, si la naturaleza hubiera seguido su curso hace muchos años que Eluana habría fallecido, y son precisamente los avances médicos y científicos que la Iglesia critica duramente en otros terrenos los que han servido para mantener en estado vegetativo a la joven.

El guiño del Gobierno italiano al lobby católico está generando una auténtica caza de brujas. Parece que no ha sido suficiente con que el padre de Eluana tuviera que suplicar reiteradamente a los jueces que le permitiesen acabar con la agonía de su hija y luchar contra un Gobierno tan particular como el italiano. Y es que, para la Inquisición, lo más importante es el escarnio público y ejemplarizador del pecador. Si la Justicia fuera coherente, los enjuiciados deberían ser aquellos que se han esforzado tanto en someter a un ser humano al calvario y a la tortura de contemplar durante 17 años cómo su hija era mantenida artificialmente en estado vegetativo, pese a que esta no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir.

Cuando el derecho a la vida se formula sin tener en cuenta la dignidad de la persona pierde su propia razón de ser. El derecho a la vida, al igual que los demás derechos, debe ponderarse cuando colisiona con otros bienes jurídicos, y esto ocurre cuando la vida se convierte a juicio del titular del Derecho en una auténtica tortura o esta sólo puede desarrollarse en un contexto caracterizado por la degradación y el dolor. En estos supuestos, parece lógico que sean los propios sujetos los que decidan cuándo su vida ha dejado de ser digna, y que los poderes públicos respeten y apoyen su decisión. Lo contrario supondría transformar el derecho a la vida en la obligación a vivir.

Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado