José Francisco Bellod Redondo

Doctor en Economía

Islandia, un pequeño país de tan solo 320.000 habitantes y extensión territorial equivalente a la quinta parte de España, ha dado una muestra ejemplar de coraje y civismo en la forma de enfrentar la grave crisis financiera en la que estaba inmersa por culpa de la especulación. Y viene demostrando, desde 2010, que es posible hacerlo minimizando el impacto social de las políticas económicas.

Al igual que otras economías europeas, Islandia experimentó importantes tasas de crecimiento económico entre 2004 y 2008, al unir a su negocio tradicional (la exportación de recursos pesqueros), una frenética actividad especulativa. A partir de 2004 la banca islandesa registró un intenso crecimiento meramente especulativo, basado en la captación de ahorros de los ciudadanos y la emisión masiva de bonos. Tres bancos privados (Glitnir, Lansdbanki y Kaupthing) obtuvieron ingentes recursos en los mercados internacionales mediante depósitos de dudosa transparencia no garantizados por las autoridades del país.

Pero esta estrategia de casino no tardó en fracasar: el colapso financiero mundial que se produjo con la crisis de las hipotecas “subprime” (agosto de 2007) y la quiebra de Lehman Brothers (septiembre de 2008) trajo consigo la quiebra de la banca privada islandesa y en 2008 los activos en que se había invertido el dinero ya no valían nada. El Gobierno de coalición (conservadores + socialdemócratas) optó por nacionalizar los tres bancos y restringir la retirada de fondos. Pero ya era tarde: en un alarde de perspicacia financiera, y adivinando la que se les venía encima, los espabilados banqueros habían vaciado lo poco que quedaba en la caja días antes de ser intervenidos: igualito que en Argentina justo antes del “corralito”.

La reacción de los especuladores institucionales, y también la de miles de ingenuos ahorradores entusiasmados con la magia de la burbuja financiera, no se hizo esperar: exigieron ser indemnizados… y se lo exigieron al Gobierno islandés, no a los banqueros saqueadores, a pesar de que los activos emitidos por esos bancos carecían del respaldo del Gobierno de Islandia, al no tratarse de depósitos tradicionales. El Gobierno británico, liderado entonces por el laborista Gordon Brown, llegó incluso a hacer uso de la legislación antiterrorista para congelar activos islandeses depositados en instituciones británicas y garantizarse el cobro de las indemnizaciones millonarias.

En enero de 2009 las movilizaciones ciudadanas provocaron la dimisión del primer ministro islandés (el conservador Geir Haarde) y la convocatoria de elecciones anticipadas, ganadas por una coalición de centro-izquierda. Ante la imposibilidad de devolver el dinero con los fondos encontrados en las cajas de los bancos, el nuevo Gobierno islandés, plegándose a las presiones de los especuladores, planteó indemnizarles con cargo al presupuesto del país, endeudándose en 3.500 millones de euros. En apoyo a tal propuesta, los poderes fácticos enarbolaron un discurso de sobra conocido en España: plegarse a las exigencias de los mercados financieros es el mejor camino para restaurar la confianza de los mercados.

El escándalo político fue mayúsculo porque cada ciudadano islandés tendría que contribuir con unos 11.000€ a pagar la gestión delictiva de tres bancos privados. Además, se solicitaría un préstamo adicional de 2.100 millones de dólares al FMI con el consiguiente programa de ajuste neoliberal.

La aprobación de dicha ley de indemnización provocó una nueva oleada de protestas y en enero de 2010 el presidente del país, el excomunista Ólafur Ragnar Grímsson, se negó a ratificarla convocando un referéndum para que la ciudadanía se pronunciase al respecto. En dicho referéndum, celebrado el 6 de marzo de 2010, el 93% de los votantes dijo “NO” al plan gubernamental: los ciudadanos islandeses no resarcirían a los especuladores británicos y holandeses por la mala gestión de los banqueros. Es más: se inició un proceso judicial contra los gestores de los bancos citados en los que incluía a 160 imputados. Asimismo, se procedió a convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución del país. Bajo el liderazgo del presidente Grímsson, la política económica de Islandia daba un esperanzador giro hacia la heterodoxia.

Por aquel entonces España vivía una situación similar: el prolongado proceso especulativo que había experimentado el sector de la vivienda entre los años 1999 y 2007, conocido como “boom del ladrillo”, eclosionó víctima de sus propios desequilibrios internos y de la confluencia de la crisis de las “hipotecas subprime” que había envenenado los mercados financieros internacionales.

Inicialmente, el Gobierno de España optó por una política tibiamente keynesiana conocida como “Plan-E”: un programa de obras públicas en todo el país que pretendía absorber la mano de obra excedente del sector de la construcción y expandir la demanda agregada. Pero el Plan fracasó, entre otras razones por la falta de respaldo de las instituciones europeas y, muy especialmente, del Banco Central Europeo (BCE): sin dinero barato no es posible implementar políticas expansivas y los creadores del BCE, instigados por los financieros alemanes, se encargaron de cerrar esa opción al redactar sus estatutos. La adquisición de deuda pública en el mercado primario quedaba expresamente prohibida y la compra en los mercados secundarios quedaba a discreción del Consejo de Gobierno del BCE, un organismo plagado de fundamentalistas neoliberales ligados profesionalmente a la banca privada.

A partir de 2010 la crisis se recrudece con el escándalo de la falsa Contabilidad Nacional griega. Y es ahí donde España e Islandia divergen definitivamente en el diseño de sus respectivas políticas económicas.

España abandona el tímido keynesianismo del “Plan-E” y su política económica se hace cada vez más ortodoxa en un intento de lograr la anuencia de los mercados financieros: se incrementó el IVA, se redujeron los salarios de los empleados públicos y se recortó el gasto público con el ánimo de contener un creciente déficit público cada vez más difícil y costoso de financiar. Pero cuanto más contractiva era la política fiscal más caía el PIB y mayor era el déficit público debido a los menguantes ingresos tributarios.

La política fiscal contractiva no fue la única respuesta neoliberal frente a la crisis. El Gobierno del señor Zapatero hizo suyos los postulados más conservadores al considerar que la falta de flexibilidad del mercado de trabajo era un handicap para la recuperación económica. Se reformó el Estatuto de los Trabajadores, abaratando y facilitando el despido; se reformó la Ley General de Seguridad Social, retrasando la edad de jubilación de 65 a 67 años y reduciendo en una media de un 15% el importe de las futuras pensiones.

Pero quizá la medida más degradante para el conjunto del país fue la reforma de la Constitución pactada por PP y PSOE a instancias del BCE: lejos de atender a los guiños del Gobierno español, los mercados financieros y particularmente su mayor adalid, el BCE, amenazaban con abandonar a su suerte a la economía española, salvo que mediante una reforma constitucional y sin respaldo popular (no hubo referéndum), se salvaguardasen los intereses de los tenedores de deuda pública española.

Con la llegada al poder del señor Rajoy en 2011 se endurecen las mismas políticas implementadas por el presidente Zapatero y se despliega un amplio programa de rescate bancario. Nuevo guiño a los mercados: salvando a los bancos hundidos por sus prácticas especulativas se esperaba recuperar la confianza de los mercados financieros y estabilizar la economía.

En junio de 2012, se firma por el Gobierno español y la troika (Comisión Europea + BCE + FMI) un plan de rescate bautizado con el ampuloso nombre de “Memorándum de Entendimiento” (MoU), en virtud del cual se otorga una línea de crédito de 100.000 millones de euros a España, pero con condiciones políticas muy precisas y onerosas: la principal, que el dinero será empleado para rescatar bancos y que los clientes víctimas de estafas como las “participaciones preferentes” no recuperarían ni un céntimo. Como cualquier otro plan de ajuste, el dinero iba acompañado de una serie de medidas de política económica: incremento del IVA, una nueva reforma laboral, un programa de reducción del déficit público… Por supuesto, ningún banquero fue procesado. De hecho, algunos fueron premiados: Luis de Guindos, miembro del consejo de administración de uno de los bancos rescatados, fue ascendido a ¡ministro de Economía!… y hoy se postula como presidente del Eurogrupo…

Es evidente que las políticas de Islandia y España han sido divergentes aun cuando el problema de fondo era el mismo: recomponer una economía rota por las prácticas especulativas.

La estrategia de Islandia pasaba por la confrontación del Gobierno con los mercados, un gobierno ampliamente respaldado por el pueblo en permanente movilización. La estrategia de España, cuyos gobernantes nunca anunciaron sus intenciones antes de cada convocatoria electoral, fue de servidumbre: aceptar las imposiciones de los mercados financieros para evitar el caos.

¿Cuáles han sido los resultados de políticas tan disímiles?

En Islandia, lejos de producirse el caos financiero que auguraba la propaganda neoliberal, la economía ha ido estabilizándose tras un breve brote inflacionista. El crecimiento económico logró pronto recuperar tasas importantes, de hecho 2013 cerró con un crecimiento del PIB del +3,3% mientras que en España caía a una tasa del -1,2%. Para el año en curso se espera que la economía islandesa crezca un +3,1% frente al +1,1% de España. Gracias a la política económica implementada en Islandia hoy la crisis está prácticamente superada: su PIB per cápita es sólo tres puntos inferior al que disfrutaban los islandeses antes de la crisis. En España el camino por recorrer hasta recuperar los niveles de bienestar previos a la crisis es mucho mayor: nuestro PIB per cápita es todavía siete puntos inferior.

La experiencia demuestra que hay vida al margen del euro: mientras en España el abandono del euro es un tema tabú, para los islandeses la no pertenencia al euro ha sido una bendición, ya que les ha permitido ganar competitividad y poner límites a los movimientos de capital especulativos.

La posibilidad de devaluar la moneda e implementar una política monetaria autónoma y expansiva han permitido que hoy la tasa de paro islandesa sea del 5%, frente al 25% de la española. La negativa a implementar recortes presupuestarios no sólo ha permitido a los islandeses superar la crisis, sino hacerlo con un reducido coste social: en Islandia la tasa de pobreza es del 13% frente al 28% de España; y la desigualdad de renta (indicador S80/S20) es del 3,4 frente al 6,3 de España.

Otro de los temores azuzados desde el poder anunciaba a la debacle de las finanzas públicas, que seguiría al abandono del euro. Falso: el nivel de endeudamiento de Islandia es inferior al de España (91% frente al 100% del PIB), y su situación es más saneada, puesto que exhiben un déficit público del -2,1% del PIB frente a nuestro -7,1%. Al implementar políticas económicas que impulsan el crecimiento, las arcas públicas se nutren de recursos tributarios, el déficit público se reduce y el endeudamiento se hace más llevadero.

Las enseñanzas de la experiencia islandesa son claras en materia política: la presión popular ha obligado ha reescribir el guión con una salida más social a la crisis, una salida muy diferente a la que se ha tomado en Irlanda, Grecia o España. Ha habido recortes sociales, pero su dureza ha sido atenuada por la movilización ciudadana. La estrategia española, por el contrario, demuestra que el miedo a los mercados se paga muy caro en términos de crecimiento, empleo y bienestar.