Bien está que el Derecho no sea una ciencia exacta pero cuesta mucho entender que obtenga resultados distintos haciendo la misma cuenta. En el caso del etarra Troitiño, excarcelado anticipadamente por la Audiencia Nacional en aplicación de una doctrina del Constitucional y puesto ahora en busca y captura por el mismo tribunal que lo dejó libre, se vuelve a reproducir la tentación de crear una especie de Justicia a la carta, que si algo logra es desacreditar los principios básicos del sistema.

Vean si no la secuencia. El Constitucional falló en 2008 en el recurso de un preso por estafa en Gran Canaria que el tiempo de la prisión preventiva debía computarse en cada causa, con independencia de que se estuviera cumpliendo ya condena por otra. Como terroristas y narcotraficantes pretendieron en masa beneficiarse de esta interpretación, la Audiencia estableció que el nuevo cómputo debía hacerse sobre el total de la condena y no sobre el máximo de cumplimiento efectivo. El Supremo contradijo a la Audiencia, que con las mismas puso en libertad a Troitiño. En pleno escándalo, el Supremo se enmendó a sí mismo, asumiendo el criterio inicial de la Audiencia, con lo que ésta ha vuelto a cambiar de opinión. Esta forma de salpimentar al gusto el ordenamiento jurídico suena a cachondeo, que diría Pedro Pacheco.

Puede escandalizar que quien ha matado a 22 personas cumpla poco más de un año de condena por cada asesinato, pero escandaliza aún más que para corregir las ineficiencias del Código Penal del franquismo, que está en el origen de estos males, determinadas instancias de la Judicatura, temiendo ser acusadas de indulgencia con los criminales, apliquen criterios algo más que controvertidos. Retorcer la ley, como se hizo con la doctrina Parot o con el caso De Juana, al que se condenó a 98 años por dos artículos de prensa –reducidos luego a 12-, nunca sale gratis.

En el asunto que nos ocupa, si se entiende que Troitiño debe estar en prisión hasta 2017, sólo cabe concluir que alguien se ha equivocado, ya sea la Audiencia o el Supremo. ¿A qué espera el Consejo del Poder Judicial para actuar?