Óscar Celador

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

La jerarquía católica utiliza habitualmente el término “laicista” para descalificar, bien a aquellos que se oponen a que las administraciones apoyen financiera o institucionalmente proyectos de naturaleza confesional –como la reciente visita del papa a Madrid–, bien a los poderes públicos cuando aprueban normas o reconocen derechos que permiten a los ciudadanos realizar actividades contrarias al ideario católico –como el matrimonio entre personas del mismo sexo–. La Iglesia católica entiende que el Estado no puede regular determinados sectores de la vida civil (como la educación, la familia o la muerte digna) en contra de sus principios de fe, so pena de convertirse en un Estado laicista. Asimismo, los sectores más conservadores defienden la tesis de que el laicismo es uno de los principales culpables del profundo proceso de secularización que desde la Segunda Guerra Mundial asola Europa en general, y a los países tradicionalmente católicos en particular.

Las posiciones clericales sólo pueden comprenderse adecuadamente si se tiene en cuenta que históricamente en la Europa católica, bien la Iglesia católica era un auténtico poder político que perseguía directamente la herejía a través de tribunales como la Inquisición, bien los estados ejercían de brazo secular obligando a todos sus ciudadanos a profesar la verdadera fe, como ocurrió en nuestro país durante la dictadura franquista. Ahora bien, es insólito que la Iglesia católica se harte de calificar a nuestro país como laicista, cuando España es probablemente el país europeo más generoso económica e institucionalmente con ella pues, entre otros muchos privilegios, financia su labor confesional y benéfica, y permite que controle prácticamente la mitad del sistema escolar financiado con recursos públicos concertando sus escuelas (algo único en Europa).

Las acusaciones mencionadas sólo pueden entenderse en el marco de un clericalismo exacerbado que no conoce límites gracias a la cobardía política que han exhibido tradicionalmente nuestros gobernantes, y al hecho de que la Iglesia católica española todavía no haya realizado la Transición democrática que en estos años ha abordado de forma ejemplar la ciudadanía española.