José Manuel Naredo

El presupuesto de 2010 viene marcado por la angustiosa necesidad de sufragar el copioso gasto público que se desató en los inicios de la crisis con urgentes pretensiones anticíclicas. El Gobierno fue bastante pródigo en gastos a lo largo de 2008, como lo atestigua el sobredimensionado plan de infraestructuras, con 19.000 millones de euros en obras públicas, o la devolución de los 400 euros por contribuyente. Pero además, los decretos “anticrisis” de finales de 2008 incrementaron notablemente las partidas de gasto de la Ley de Presupuestos inicialmente aprobada para 2009. Los nuevos gastos extraordinarios incluyeron los 8.000 millones en obras del tan publicitado Plan E, los 3.000 millones de proyectos territoriales de empleo, los 5.000 de ayuda a la pequeña y mediana empresa y los 50.000 de ayudas y 100.000 de avales a las entidades financieras. Hay quien ha criticado que se decretara esta montaña de gastos, emisiones de deuda pública y avales, sin tramitarse como proyecto de ley hurtándose un debate a fondo de las medidas. Aún más debería preocupar la falta de democracia participativa que supone haber promovido un festín de obras en los municipios sin consultar a la ciudadanía sus prioridades, con resultados a veces tan extravagantes como ajenos a los intereses de esta.

Tal euforia de gasto se acometió contando con que –al decir de Solbes y Zapatero– la economía y los ingresos tributarios se recuperarían holgadamente en 2010. El problema estriba en que la crisis ha sido mucho más profunda y la recuperación más sombría de lo previsto, sobre todo en lo que concierne a la recaudación tributaria. El desplome de esta, con caídas superiores al 30%, evidencia que los ingresos tributarios tardarán en recuperar los niveles anteriores a la crisis y que, como no se puede seguir ampliando el déficit y el endeudamiento del sector público, hay que subir impuestos o recortar gastos. De la noche a la mañana y sin atisbo de brotes verdes, se pasó del presupuesto expansivo o anticíclico de 2009, al presupuesto restrictivo propuesto para 2010, y se decidió que la mayoría de la población pagara con impuestos el torrente de gastos comprometidos. Se prevé eliminar la devolución de los 400 euros por contribuyente, elevar el IVA, que recae sobre el conjunto de los consumidores, y amagar al capital y a los más ricos, a la vez que se les permite seguir escabulléndose del fisco con las Sicav u otras empresas instrumentales.

El Gobierno, en su afán timorato de contentar a todo el mundo, ha terminado enfrentándose a todos: a la izquierda y a los sindicatos, porque no pueden aceptar las nuevas cargas indiscriminadas y fiscalmente regresivas; al PP, por agredir su fe neoliberal o porque iba a oponerse de todas maneras. ¿No sería el momento de revisar, contando con la gente, gastos tan desmesurados como el de infraestructuras, que deja pequeño el aumento previsto de impuestos? ¿No sería el momento de establecer un sistema fiscal verdaderamente progresivo, solidario y acorde con la mayoría de la población?

Economista y estadístico