RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

La teoría política distingue entre la legitimidad de origen y la de ejercicio. El 15-M tiene ambas. La legitimidad de origen se la da el mismo sistema democrático que el movimiento critica, ya que este es el ejercicio de diversos derechos políticos amparados y garantizados por el poder. La legitimidad de ejercicio se la gana día a día el 15-M al ser un movimiento legal que no incurre en ilícito alguno, como se echa de ver en su carácter pacífico.

Otra cosa es que el sistema democrático tenga cauces o medios para tratar con el movimiento, incluso si tiene ánimo de hacerlo. Hasta ahora parecía que no. La cerrazón de la clase política, al aferrarse a la idea de que en democracia sólo cuentan las urnas (que es precisamente el punto de vista de Camps), demuestra que aquella se obstinaba en ver en el 15-M

un problema de orden público y no de naturaleza política.

Un error porque, según avanza, el movimiento indignado toma nuevas formas que podrían acabar en casos de desobediencia civil que afectasen a la convivencia ciudadana. Antes de que eso suceda, el Parlamento tendrá que arbitrar algún mecanismo formal de contacto con el 15-M para intercambio de información, y a ello felizmente apunta la propuesta de Ezquerra Republicana de Catalunya de nombrar una subcomisión que debata sobre las propuestas de los indignados y escuche a estos. Es el comienzo de un camino acertado, porque muchas de tales propuestas tienen un amplísimo respaldo social que los representantes deben considerar. Otras apuntan a una dinámica constituyente más difícil de abordar.

Pero hay una sobre la que recae una práctica unanimidad social, que es la reforma del sistema electoral. Los dos partidos mayoritarios beneficiarios de la situación se niegan a reformar nada. Pero el PSOE debiera reconsiderar su actitud por razones de principios y de respeto a las reglas de juego limpio. Ese sería un punto de engarce de los socialistas con el 15-M que, de ponerse en marcha antes de las elecciones de 2012, podría influir en la composición de un Parlamento al que quizá habría que encomendar una tarea de reforma de la Constitución que el sistema está pidiendo a gritos.