CARME MIRALLES-GUASCH

Profesora de Geografía Urbana

La rehabilitación urbana y social de barrios degradados o con déficits sociales estructurales, muchos de ellos situados en el corazón de nuestras ciudades, es manifiestamente complicada. Su gestión tiene que atraer la complicidad de distintas escalas administrativas y las propuestas tienen que tener una visión pluridisciplinar, donde se traten al mismo nivel los temas arquitectónicos, sociales, ambientales y económicos. Buena parte de esto se había conseguido con la Ley de Barrios del anterior Gobierno progresista de la Generalitat de Catalunya, aprobada por amplia mayoría en junio de 2004 y de la que, con las convocatorias anuales realizadas desde entonces, se han beneficiado 141 barrios de diversas ciudades catalanas gobernadas por distintos partidos políticos con una población directa beneficiada de más de un millón de ciudadanos y una inversión de 1.330 millones de euros. Es una ley admirada a nivel internacional que tenía como objetivo evitar la degradación y mejorar la situación de los ciudadanos que residen en ellos, teniendo en cuenta la rehabilitación física, la sostenibilidad ambiental, el bienestar social y la dinamización económica.

Durante los siete años que se aplicó la ley (2004-2011), la comisión de gestión para la mejora de los barrios –con representantes de la administración de todos los partidos– acordó siempre por unanimidad la asignación económica a los barrios beneficiados. Incluso el pasado 14 de abril el Parlamento catalán aprobó una moción por unanimidad que instaba al Govern a seguir con dichas convocatorias.

Sin embargo, y a pesar de todo ello, el Gobierno conservador catalán ha decidido no realizar la convocatoria este año y suspender las de años próximos. En definitiva, eliminarla junto a otras muchas iniciativas con el objetivo de destruir el trabajo institucional anterior, sin hacer una valoración madura y seria de lo que se está destruyendo. Y en el caso de la Ley de Barrios es realmente preocupante en un contexto de crisis económica como el actual. Una crisis que se ubica precisamente en estos barrios, donde vive población con pocos recursos y donde los conflictos entre poblaciones de origen geográfico distinto son ya evidentes. Esta clase de leyes permite trabajar con programas estructurales, de largo recorrido, que pueden evitar males mayores. En política la miopía se paga muy cara.