Podemos y Ciudadanos, o al revés que tanto monta, han firmado un alto el fuego y sus generales han acordado negociar una reforma de la ley electoral a la que pretenden sumar al PSOE, en uno de esos imposibles metafísicos del estilo de la cuadratura del círculo o ser pobre y banquero al mismo tiempo. Rivera, de hecho, arrancó un compromiso a los socialistas en su famoso pacto del abrazo que quedó en un suspiro, y luego repitió el intento con el PP que, para estudiar el asunto o, mejor dicho, para enterrarlo, aceptó una subcomisión en el Congreso y hasta le hubiera puesto una mercería llegado el caso. Es ingenuo pensar que los grandes beneficiarios de la desigualdad moverán un músculo para corregirla, pero para una vez que la nueva política intenta ponerse de acuerdo en algo sería injusto echarle agua fría por la espalda.

De la perversión de esta ley todo el mundo es consciente por una simple cuestión matemática. Penaliza la dispersión del voto y beneficia a los partidos mayoritarios en cada circunscripción, de forma que su porcentaje de escaños es siempre superior al de los sufragios que obtienen. Ello provoca una sobrerrepresentación y que aquel axioma de la democracia de ‘una persona, un voto’ sea una verdad a medias, porque algunos sirven realmente para elegir a los representantes y otros para alimentar las papeleras al final del escrutinio.

Pergeñado para garantizar mayorías estables de gobierno, el sistema ha sido la piedra angular del bipartidismo y tanto PP como PSOE se han negado a introducir modificaciones significativas con el argumento de la falta de consenso, para lo que bastaba que los populares dijeran nones y los socialistas se encogieran de hombros, o se impusieran líneas rojas como no abrir el melón constitucional, que es una fruta que los dos grandes partidos han tenido aborrecida porque les daba cólicos nefríticos.

La situación actual, con la pretendida reforma aparcada en una subcomisión por la que desfilan expertos que repiten lo que todo el mundo sabe, es un calco de la de 2010. A petición de Zapatero, que quería llevarse al huerto a IU sin pasar por la vicaría, el Consejo de Estado emitió un informe en el que sugirió varias fórmulas para dotar al sistema de mayor proporcionalidad sin tocar una coma del texto constitucional. Fue el punto de partida de otra subcomisión que mareó la perdiz durante dos años en un flagrante caso de maltrato animal.

Tras comprobar que cualquier cambio, ya fuera aumentar el número de escaños de 350 a 400, reducir de dos diputados a uno la representación provincial mínima, sustituir la fórmula D’Hont por otra menos nociva para las minorías –se apuntaba al llamado método Hare- o atribuir escaños adicionales a los partidos con mayores restos, acababa con la prima electoral de más de un 8% de la que disfrutaban de las fuerzas mayoritarias, se pasó página. Así, se concluyó que el sistema era estupendo y que lo urgente en realidad era modificar la estructura de la papeleta del Senado y establecer un mecanismo para sustituir interinamente a los diputados que sufrieran bajas prolongadas. Con un par.

Para socialistas y populares era injustificada la queja de que no todos los votos valían lo mismo, pese a que a los primeros un escaño por Soria les costaba menos de 24.000 papeletas y a IU cerca de un millón obtener dos en el conjunto de España. ¿Desbloquear las listas para que fueran los ciudadanos y no los partidos quienes eligieran a los parlamentarios? Un lío para quienes tenían que contar los votos, así que mejor no tocarlo.

Será difícil cuando no imposible que la presión de C’s y Unidos Podemos altere el actual estado de cosas, más allá de algún retoque como eliminar el vergonzoso voto rogado de los residentes en el extranjero o para suprimir las restricciones también vergonzosas al derecho de sufragio de las personas con discapacidad. Ni de eso hay una seguridad absoluta. ¿Que dar la vuelta como un calcetín a la ley electoral sería bueno para la democracia porque reflejaría mejor la voluntad popular y hasta daría voz a partidos que hoy son extraparlamentarios? Vale, sí, pero ¿a quién le interesa la democracia?