La decisión de Rajoy de aprobar, incluso en solitario, la ley para la elección directa de alcaldes, determinará el eje político del próximo curso.

Con este anuncio, Rajoy nos quiere decir, al menos, dos cosas. La primera es que no va haber recuperación económica. Es posible que el presidente se decidiese a llevar adelante tan polémica norma al ver los últimos datos de la economía alemana y su efecto inmediato en España. Con la medida anunciada ayer, se nos viene a confirmar que no va a haber recuperación, y que por tanto, no se confía en un éxito electoral vinculado al mito de la recuperación imparable de la economía española. El paro continuará y con él la fractura social y el descontento, que traducido en votos, se llevará por delante las hasta ahora sólidas mayorías en las zonas urbanas de las que disfruta el PP.

En segundo lugar, Rajoy nos confirma que según sus previsiones, el vuelco electoral en las municipales es casi seguro. Vuelco vinculado a un cambio sin precedentes en el mapa político heredado de la transición. El PP no solo teme perder, sino que esa derrota no sea consecuencia de la vieja alternancia bipartidista y lo sea de la irrupción de una alternativa política municipalista, de izquierdas y antineoliberal. Con el anuncio, Rajoy confirma que el cambio político está relacionado con la superación del bipartidismo.

Tenemos por tanto que no habrá recuperación, que el paro y los bajos salarios seguirán, el descontento también y que sectores importantes, tal vez mayoritarios, en las zonas urbanas, están dispuestos a apoyar electoralmente opciones que rompen con las políticas de austeridad. Incapaz de garantizar la continuidad, el PP opta por bloquear el cambio y salvar el sistema con un golpe de mano institucional.

El anuncio del presidente es expresión del miedo existente en el bloque de poder frente a un cambio político que parece imparable. Pero hay algo más, y ese algo se relaciona con la necesidad que tienen las élites empresariales y financieras de asegurar gobiernos municipales capaces de llevar a cabo una agenda privatizadora sin precedentes en nuestro país.

Privatizadas las cajas de ahorro y puestas en vía de privatización nuestra sanidad y educación, queda por llevar adelante una tercera ola de privatizaciones. Sin crédito internacional suficiente, con un mercado interno deprimido, sin industria capaz de exportar, el bloque de poder económico necesita apropiarse del importante sector público municipal y extraer mediante privatización, el inmenso patrimonio público que aún atesoran nuestros municipios.

Propiedades, suelo, potentes servicios sociales, sumistros públicos como el agua, empresas municipales, metro, empresas municipales de transportes o incluso como se empieza a hacer en Madrid, entregar espacios urbanos y patrimonio cultural para la explotación del capital privado, como la operación Canalejas, o la venta de viviendas públicas a Fondos buitre.

Estamos ante una ley estafa, que persigue hacer viable la siguiente ola privatizadora. Una ley cuyo objetivo no es otro que garantizar alcaldes que permitan el saqueo.

Esto es lo que nos jugamos.