Pocos días tan negros para el Poder Judicial español como el de ayer, viernes 12 de julio. No por esperada la bofetada del tribunal alemán de Schleswig–Holstein contra la resolución del magistrado Pablo Llarena, en la que se afirma que Puigdemont no ha cometido delito alguno de rebelión, su impacto es menor. En este día aciago se produce también un insólito manifiesto, firmado por más de 750 jueces españoles, en el que se denuncia el linchamiento del tribunal que dictó la sentencia contra el quinteto de violadores conocidos como La Manada. Un escándalo dentro de la Unión Europea, donde el máximo respeto al Estado de Derecho impide que las mujeres y los políticos puedan estar sujetos a la manifiesta arbitrariedad de algunos magistrados, tal como exigen esos jueces, un 15% de los 5.000 jueces existentes en España.

Lo que no se puede negar es la coherencia ideológica de estos jueces a la hora de tipificar profesionalmente estos delitos. Elevan a delito de rebelión la conducta ilegal de los dirigentes soberanistas catalanes, mientras rebajan a abuso sexual la de los violadores. Coherente, pues, desde la sobrecarga ideológica que les caracteriza: tan lógico es la aplicación del Derecho Penal del Enemigo al simple adversario político como poner en cuestión la denuncia de las víctimas de violación. Al fin y al cabo, el general Francisco Franco, del que son herederos, procesó por rebelión a los políticos que representaban las instituciones legales de la II República y barrió toda la amplia legislación progresista republicana que equiparaba a las mujeres con los hombres.

Por las huellas de este verdadero "asesinato judicial" se conoce a su inductor. Todo lleva a Federico Trillo y a la cohorte togada que le acompañó en su etapa como ministro de Justicia del gobierno Aznar. Asimismo, también se vislumbra la mano de la brigada Aranzadi de la hoy candidata a dirigir el Partido Popular, Soraya Sáenz Santamaría. El primero, dado su manifiesto desprecio legal a la condición femenina; la segunda, en su voluntad manifiesta de encarcelar a los dirigentes soberanistas catalanes. Gracias a Dios, nunca mejor dicho, ya no están en la Moncloa; pero sí en el aparato judicial, dispuestos a poner bastones bajo las ruedas del nuevo gobierno de Pedro Sánchez e insultar a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles.

No es casual que la Justicia sea hoy la única institución no saneada profesionalmente desde la transición. Es la única, con la salvedad de la jefatura del Estado, puesto que el Ejército, la Guardia Civil, la Policía, el Servicio Exterior, e incluso la prensa, han sido bien reajustados, con distintos matices, al sistema democrático. No ha sucedido así con los jueces, apenas tocados por ese mal llamado cuarto turno de acceso a la carrera judicial, que pasaron de la dictadura a la democracia "sin romperlo ni mancharlo", como aquel virgo de la Virgen María cuando fue concebida por el Espíritu Santo. Unas cuatro décadas de algunas actitudes dignas, muchos silencios ominosos reiterados y demasiadas complicidades con la represión de la dictadura.

Los 750 y el magistrado Pablo Llarena apuntan contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la Fiscal General del Estado, María Jesus Segarra, en el inicio de esta nueva y muy importante etapa democrática de la Administración de Justicia. Justo cuando anuncian la creación de una comisión de reforma del Código Penal, que tipifica toda relación sexual no consentida como una violación, se dirigen al Consejo Consultivo de Jueces Europeos para comunicarles ahora la existencia de una "gravísima amenaza" contra la independencia judicial, manifestada en la denuncia de la vergonzosa sentencia sobre los violadores de la Manada. Al tiempo, el magistrado Pablo Llarena da nuevas vueltas de tuerca al procesamiento de los líderes catalanistas cada vez que parece abrirse una ventana de oportunidad en la Moncloa.

Llarena ha vuelto a quedar al desnudo con la sentencia del Tribunal de Schleswig-Holstein, que niega todo delito de rebelión en el caso Puigdemont, y es de preveer que el mismo Consejo Consultivo de Jueces Europeos no tarde en dejar a la altura del betún a los 750 jueces solidarios con la sentencia de la Manada que no ve como violadores al quinteto de la violación. Vergüenza da señalarlo. Hace ya siete años que 20 estados europeos, entre ellos España, firmaron el Convenio de Estambul, que en el apartado sobre la violencia sexual establece muy claramente que "el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona". Triste es, como decía el escritor Dürrenmatt, tener que luchar por lo evidente; pero así es. Franco saldrá del Valle de los Caídos cuando aún permanece el franquismo togado en el Convento de las Salesas.