Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencias Políticas

Desde que el pasado mes de julio José Luis Rodríguez Zapatero decidió adelantar las elecciones generales al 20-N, España vive una larga precampaña electoral. Los comicios sirven para que los ciudadanos decidamos entre propuestas alternativas de los partidos. Pero, para decidir sobre ellas, es preciso que existan.

Alfredo Pérez Rubalcaba, consciente de que parte de una posición de desventaja, ha multiplicado sus comparecencias haciendo propuestas innovadoras en un intento por perfilar un programa electoral que le permita dar la vuelta a las encuestas. Así, tras asegurar que acepta todas las formas de debate que las televisiones quieran proponer, ha desgranado ideas (no meros deseos) y proposiciones de reformas que ya forman un cuerpo considerable que da solidez a su candidatura: se ha mostrado dispuesto a reformar el sistema electoral, en sintonía con la petición del 15-M; así como a posibilitar que las iniciativas ciudadanas se escuchen en el Congreso (“escaño 351”); pide que se regulen los beneficios de los bancos y que estos ayuden a crear empleo; reclama que Alemania lidere la recuperación europea; que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés; que se imponga una tasa a las transacciones financieras y eliminar o transformar las diputaciones provinciales.

Frente a esto, la candidatura de Mariano Rajoy se basa en la idea de que cuanto más hable la derecha, más se perjudica en sus expectativas. Se muestra reticente o contraria a los debates televisivos y se mantiene en silencio o se limita a enunciar obviedades (como volver al crecimiento creando empleo y viceversa), pero sin enunciar medida práctica alguna. Es una candidatura que solicita un cheque en blanco para unas medidas que se desconocen y que, cuando se conocen, como en el caso de las comunidades autónomas que el PP gobierna, no producen los resultados anunciados.

Son dos modelos que anuncian dos campañas muy distintas: una dialogante y propositiva y otra de opacidad y silencio. Sería bueno que, además, antes de entrar en ella, el PP explicara a la ciudadanía cómo se financió la campaña de 2008, hoy acusada de financiación ilegal por la Fiscalía anticorrupción. Para que a la falta de ideas no se una la impresión de prácticas corruptas.