En la Administración pública el dinero que se recauda, a través de los impuestos, entre otros, viene a ser como el agua que recorre la red de abastecimiento. En cualquier instalación una de las mayores pérdidas son las producidas por fugas, roturas y averías. En la Administración nuestro sistema se desmorona y se corrompe por malversación, prevaricación o cohecho.

Es muy normal que fugas existentes, y que nos hacen perder agua en nuestra red, no sean detectadas hasta que éstas alcanzan un tamaño considerable haciéndose visibles por humedades o en un significativo aumento de nuestro consumo habitual. En la gestión pública cuando estas manchas son detectables significa que las pérdidas en servicios públicos son inmensas. Las consecuencias son listas de espera interminables, copagos ilegales, los mayores índices de paro, trabajadores avocados a emigrar, familias que pierden sus viviendas, educación deficiente, infraestructuras paupérrimas…. en definitiva gente hastiada.

Es necesario contar con personas que son políticos, que luchan por el interés general, que bregan, a menudo sin escudo, en una contienda donde el corrupto no duda en utilizar el dinero público para manipular la información. Los compañeros de Alternativa Socialista (AS) en Cartagena lo han sufrido personalmente. El Ayuntamiento de Cartagena derivó dinero público para pagar publicidad en un periódico de información local, dirigido por “cabecillas” de la trama Púnica, que se dedicaba a difundir las excelencias de los presuntos políticos corruptos mientras desprestigiaba a los denunciantes.

Socialistas por Cartagena (SPCT) denunció el goteo de contratos adjudicados al grupo Dalkia, empresa a la que están vinculados el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y el ex concejal de Urbanismo de Cartagena, José Fidel Saura, procesados en la “Operación Púnica”. Fraccionaban las facturas, lo que les permitía utilizar el proceso negociado sin publicidad. No sacar los contratos a concurrencia pública, utilizando la vía “digital”, ha provocado un perjuicio a las arcas municipales y ha impedido a otras empresas cartageneras acceder a los contratos.

El compañero Juan Luís Martínez, perseverante y de arraigadas convicciones socialistas, relata como dos empresas implicadas en la “Operación Púnica”, Alfedel y Atalia, relacionadas con el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, del PSOE, y el empresario madrileño David Marjaliza, cobraron un millón de euros por poner en marcha un colegio privado sobre terrenos de titularidad municipal en Cartagena. Las comisiones de intermediación que están teniendo relevancia pública por la presunta ocultación de “mordidas” a empresarios, políticos y ex políticos del PP y PSOE son las fugas que se van haciendo visibles y cada vez mayores. Humedades que manchan el panorama político y que suponen una merma en el patrimonio lo que conllevará un aumento impositivo.

Una fuga soterrada no suele detectarse por simple observación ya que ésta no dejará pasar humedad hacia el exterior y no nos permitirá tener señales de pérdida de agua hasta que se haga mayor. Este sería el caso de esos controvertidos procesos de lucro cesante contra la Administración pública.

Se conoce como lucro cesante al daño en el patrimonio que se desencadena a partir de la pérdida de una utilidad económica o de una ganancia legítima a raíz de un episodio perjudicial, y constituye aquello que se ha perdido o que no se puede ganar como consecuencia del problema padecido. Los supuestos que se suelen citar por la doctrina como pérdida de oportunidades son: el caballo de carreras que debe ser transportado a otra ciudad para asistir a una carrera y no llega a tiempo de poder presentarse por culpa imputable al transportista, el opositor que no puede llegar a presentarse a un examen por causa imputable a un tercero, la parte que no puede presentar un recurso por causa imputable a su procurador o abogado. En todos esos casos se da un mismo problema: se ha perdido una oportunidad de ganancia por causa imputable a un tercero. El lucro cesante tiene una significación económica; trata de obtener la reparación de la pérdida de ganancias dejadas de percibir.

Entendiendo el espíritu de la ley, en relación al lucro cesante, permítanme relatarles un suceso ocurrido en el municipio de Santa Cruz de Tenerife para confirmar la existencia, en la administración pública, de fugas soterradas y difíciles de percibir. Con la excusa del grave deterioro que produjo un temporal en las instalaciones de la Escuela Superior de la Marina Civil, el Consejo de la Autoridad Portuaria adjudica una concesión administrativa para la construcción de una marina deportiva privada, con hotel incluido, en una playa anexa. La empresa adjudicataria se dedicaba, tal como recogía el registro mercantil, a “la comercialización de frutas y hortalizas, la explotación de fincas agrícolas, ya sean propias o ajenas, mediante arrendamiento, usufructo o cualquier otra modalidad contractual”. En la hemeroteca no se encuentra referencia alguna a puertos deportivos construidos por esta empresa pero si la relación con el ex presidente de la extinta CajaCanarias y ex consejero del Gobierno de Canarias de Obras Públicas, Rodolfo Núñez, conocido a nivel nacional por su aparición en la lista Falciani. Los vecinos llevaban años manifestándose a favor de salvar la playa de Valleseco. No es de extrañar que los vecinos acamparan en la playa, e impidieran las obras, cuando comenzaron a verter escombros. Los responsables políticos conocían el interés general por rehabilitar la playa dadas las múltiples manifestaciones efectuadas a lo largo de los años. ¿Podríamos estar ante un caso de estupidez política o ante un caso de ingeniería malversadora política? Juzguen ustedes.

Una sentencia del Tribunal Supremo expone:”El lucro cesante o ganancia frustrada ofrece muchas dificultades para su determinación y límites, por participar de todas las vaguedades e incertidumbres propias de los conceptos imaginarios…. ha de existir una cierta probabilidad objetiva…” y otra sentencia posterior manifiesta “El juicio sobre las ganancias es un juicio de probabilidad, sí, pero un juicio que se debe efectuar con parámetros objetivos. Cuando no es posible objetivar esos parámetros nos encontramos ante lo que la jurisprudencia viene denominando como meros “sueños de fortuna”, esto es, situaciones en las que las ganancias no se pueden representar como probables sino más bien como contingentes o fundadas en meras esperanzas o expectativas sin sustento real. En tales casos no se puede considerar que estemos ante un verdadero lucro cesante que de deba resarcir”

Pervirtiendo una figura jurídica recogida en el art 1.106 del Código Civil, el lucro cesante, esta empresa con la probable colaboración necesaria de políticos corruptos consiguieron 250 millones de pesetas (1.502.530 euros) sin mover un solo ladrillo.

La necesidad de revisar las instalaciones en busca de fugas periódicamente es aconsejable para el propio mantenimiento de nuestras instalaciones, si bien una fuga pequeña no nos hará incurrir en un coste elevado si lo hará a largo plazo en los daños que ocasionará en el propio inmueble, muchos de ellos irrecuperables.