Las peripecias de Pedro Antonio Sánchez para conservar la presidencia de Murcia empezaron siendo el argumento de una de esas comedias locas tan habituales en el PP, en el que un presunto inocente de toda la vida se propone batir el récord mundial de imputaciones judiciales y lo consigue, y han degenerado en un thriller de mucha intriga al que sólo le ha faltado un cameo de Hitchcock para estar a la altura de las grandes obras del género.

Sánchez es un maestro de la sospecha. Siendo alcalde, se sospechó de que no había pagado en su totalidad el dúplex que había comprado en Puerto Lumbreras, construido por un promotor local con el que meses antes el Ayuntamiento había suscrito un convenio urbanístico. El caso acabó en el Tribunal Superior de Justicia, donde fue archivado por orden del magistrado Julián Pérez-Templado.

Se sospechó luego que había tomate en la construcción de un inmenso auditorio en esa misma localidad, especialmente porque fue adjudicado a dedo, porque se ignora el destino exacto de seis millones de euros en subvenciones, porque otros dos millones en materiales se volatilizaron y porque Sánchez recepcionó la obra sin terminar, estado en el que ahora mismo se encuentra. En el PP se creía o, más bien se sospechaba, que la causa sería archivada, por eso de que el magistrado que la instruye es el mismo Pérez-Templado del dúplex, que se fue de cañas con varios dirigentes populares tras tomar declaración al presidente murciano.

Finalmente, existe la sospecha, que más bien es una evidencia, que Sánchez, en su etapa como consejero de Educación, había alcanzado un acuerdo con el púnico Alejandro de Pedro para limpiar su imagen en las redes sociales a cambio de 4.600 euros al mes, que se habrían pagado con dinero público de no haber medido la detención de los principales cabecillas de la trama. La Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal de Justicia de Murcia que se le investigue por fraude, cohecho y revelación de información reservada. Sospechosamente, el ministro de Justicia habría anticipado a Sánchez que la fiscalía se opondría a las imputaciones, en contra del criterio inicial de las representantes del ministerio público.

Según la costumbre de la casa, a Sánchez le ha venido protegiendo el PP hasta que la situación se ha tornado insostenible, no tanto por el incumplimiento de su pacto anticorrupción con Ciudadanos, al que se toma a chirigota, sino por la posibilidad real de perder el gobierno de Murcia en la moción de censura que debía debatirse a partir de este miércoles. Los populares se habían encomendado a la imposibilidad metafísica de que el PSOE, Ciudadanos y Podemos se pusieran de acuerdo para expulsar al campeón mundial de imputaciones de la presidencia pero no siempre se puede fiar uno de la Vírgen y no echar a correr.

Entre tanto, se puso en marcha lo que Paula Díaz ha definido muy acertadamente en este diario como el ‘método Rajoy’, que consiste básicamente en no hacer nada y dejar que el afectado se coloque la soga al cuello, derribe la banqueta que le sostiene y compruebe los efectos de la ley de la gravedad.

El ‘método Rajoy’ se da un aire al método Grönholm, o como se diga en Murcia, donde un personaje se ve sometido a pruebas cada vez más duras hasta que, tras diversas escalas en la mentira y el juego sucio, se ve abocado a tomar la calle de en medio. Consumado el suicidio político de Sánchez, se sucederán los elogios por su responsabilidad, sentido de Estado y hasta de continente. El muerto al hoyo y otro vivo del PP al bollo. Entre la corrupción y el martirio se ha trazado una línea recta a mano alzada.