El pasado 25 de noviembre se presentó ante la Corte Penal Internacional de la Haya un solicitud formal para investigar y enjuiciar al presidente mexicano Felipe Calderón, al Secretario de Seguridad Pública de México, los Secretarios de Defensa Nacional y de Marina, y los principales capos y líderes de los cárteles del narcotráfico. A pesar de que en un ensayo que evalúa las razones para firmar o no firmar dicha petición, el reconocido académico Alejandro Vélez Salas nos recuerda que “la consigna para que renuncien los funcionarios corruptos e ineficientes ha sido repetida numerosamente en foros y ha sido coreada con fuerza en marchas y manifestaciones, pero en México el accionar de la mayoría de funcionarios públicos suele recordar la célebre del expresidente Carlos Salinas de Gortari: Ni los veo ni los oigo”[1]. Es decir, que cabe la posibilidad de que esto nunca suceda. Y aún es necesario hacer algo. De modo que dicha solicitud, redactada por académicos, juristas y activistas, fue presentada ante los medios con 23mil firmas por el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros. Y quienes la secundamos no dudamos que “el país vive un conflicto armado permanente en cuyo contexto se han cometido tanto crímenes de guerra, como de lesa humanidad […] y tanto el Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga son responsables de estos crímenes”.

Dos días más tarde se publicó la respuesta oficial a dicha demanda: “El Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional.” Una respuesta tajante y desesperanzadora que concluía diciendo: “[Las imputaciones al Gobierno de México] constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.”

Lo podríamos haber sospechado. Recién el 11 de noviembre había muerto el Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora tras el desplome del helicóptero oficial en el que viajaba –y que unas horas más tarde iba a ser utilizado por el propio presidente–, y la portavoz del gobierno, Alejandra Sota, advirtió entonces, casi como premonición, que sería el Gobierno quien indagaría las causas del accidente: “Le pido a la sociedad no especular sobre el hecho y dejar que las investigaciones sigan su curso.” En resumen, y de nuevo, la orden era: no entrometerse. O dicho de oto modo: “proceder legalmente en contra de quienes realizan [acusaciones al gobierno] en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.” Ya lo dijo el ex presidente Carlos Salinas y hoy nos lo recuerda Vélez Salas, en momentos como los que hoy vivimos en México el mensaje desde las cúpulas de poder es: “Ni los veo ni los oigo”.

El rechazo ciudadano, nacional e internacional, ante lo que nos ocurre hoy en México, la impunidad de las autoridades, los criminales y los malandros que se están sumado a esta escalada de violencia sin precedentes en el país, todavía no nos sacude. Es incipiente, porque estamos atónitos y porque tenemos miedo. Y sin embargo hay miles de personas trabajando por la paz y arriesgando sus vidas por las de los demás. Así, literalmente.

Por eso fue sorprendente la respuesta gubernamental a la interposición de una demanda legal. Y pocos días después de la solicitud del juicio en la Haya y la amenaza desde Presidencia contra los ciudadanos que ejercemos nuestro derecho a protestar y demandar a las autoridades por actuar de manera corrupta e impune, por no proteger a las víctimas, por seguir hablando de un enfrentamiento contra los narcotraficantes y negarse a asumir un conflicto en el que se han involucrado también el ejército y las autoridades y que tiene como principal víctima a la población civil –a día de hoy se cuentan más de 60mil muertos, 50mil desaparecidos y 120mil desplazados, que no, no tienen que ver directamente con el narco–, literalmente: se abrió la veda. Lo advertiría el 9 de diciembre el combativo periodista Epigmenio Ibarra en una carta abierta al Presidente de México que publicó en el periódico Milenio: “Se ha lanzado usted, aprovechando la ventaja estratégica que le da su posición como jefe de Estado, a una campaña intensiva para desprestigiar a quienes, haciendo uso de nuestro derecho, por amor a México, por nuestros hijos, con nuestros hijos, criticamos su estrategia de combate al narco. (...) Gastando miles de millones de pesos del erario, aprovechándose de la reverencia atávica de los medios frente al poder, ha logrado establecer, al menos entre seguidores, gente atenazada por el miedo e incautos, la falsa disyuntiva: o se está de acuerdo con su estrategia o se está contra México y con los criminales”. Pero lo peor, dice Ibarra y secundan muchos periodistas y activistas por la paz, fue “incitar al linchamiento, [y poner] en peligro la vida de cientos, quizá miles de ciudadanos.” No de los 23mil firmantes, sino “otros; los mas valiosos y también los mas vulnerables; los defensores de derechos humanos, los activistas por la paz que en las regiones mas peligrosas del país que, luchando todos los días, se ven atrapados entre dos fuegos.”

En efecto: los días que siguieron a aquel comunicado de Presidencia se aceleró todo. La mañana anterior a la inauguración de la Feria del Libro de Guadalajara fueron arrojados a unos doscientos metros de su entrada principal 26 cadáveres, 16 más fueron abandonados el mismo día en Sinaloa, mataron a Don Neto –un hombre que desde verano de 2010 buscaba a su hijo y tres amigos que habían desaparecido–, mataron a Don Trinidad –activista indígena y participante en la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad–, balacearon a Norma Andrade, fundadora de Por Nuestras Hijas de Regreso a Casa y madre de una de las primeras mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, se encontró el cadáver de la actriz y activista Julia Marichal en la cisterna de agua de su casa en el Distrito Federal... ¿sigo? Fueron unos días terribles. Y lo siguen siendo. Porque cuando el gobierno desprestigia a los activistas, en nuestro México de hoy, los expone. Y ésta es otra de las responsabilidades que deberíamos reclamar que cumplan. Porque la situación es insostenible, nuestro derecho a la paz es inalienable, y tenemos la capacidad y la pasión suficientes para exigir que el fin de la violencia sea prioritario en todas las decisiones de las instituciones públicas mexicanas.