ÓSCAR CELADOR ANGÓN

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

Uno de los principales defectos que tienen los políticos es querer arreglar los problemas simplemente aprobando leyes o creando organismos ad hoc, obviando otras medidas complementarias, y lo más importante: la dotación de recursos económicos que hagan viables dichas leyes. Sin lugar a dudas, la propuesta del Partido Popular de crear un ministerio de la familia encaja en este tipo de supuestos.

La familia nunca ha ocupado un papel prioritario en las agendas políticas de los gobiernos que se han sucedido en democracia, y las políticas públicas de apoyo a la natalidad se han caracterizado tradicionalmente por ser muy reducidas y temporales. España está a la cola de Europa en el terreno de las ayudas directas a la natalidad, tanto por su escasa cuantía, como porque en algunos casos sólo pueden recibirlas aquellas madres que trabajan, y durante un periodo limitado de tiempo. Las ayudas fiscales tampoco han incentivado la natalidad debido nuevamente a su cuantía y tipología, toda vez que benefician discriminatoriamente a aquellos que tienen mayores niveles de renta. Así las cosas, nuestro sistema de ayuda a la familia es tan precario que permite que, por ejemplo, el hijo de una madre soltera o de una pareja sin recursos económicos ni ocupación laboral prácticamente no reciba ningún tipo de ayuda pública. Todo ello, por no hablar de la ausencia de políticas públicas eficaces que permitan compaginar los horarios laborales con las necesidades de los hijos, o la escasez de escuelas infantiles públicas y su elevado coste.

Este contexto explica por qué nuestro país tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, e incluso en un momento como el actual, en el que se ha alcanzado su valor más alto desde 1990 –situándose en 1,4 hijos por mujer–, esta cifra sea notablemente inferior a la tasa de recambio poblacional de 2,1 hijos por mujer.

El acusado descenso de la natalidad ha caracterizado a la sociedad española desde hace décadas, y este problema no se solucionará simplemente creando un Ministerio de la Familia porque, como indudablemente conocen sus promotores, las principales políticas relacionadas con la juventud, la educación o la infancia, están en manos de las administraciones autonómicas, y su eficacia está supeditada a la

coordinación de políticas públicas de carácter transversal. Así que, por favor, que no nos tomen el pelo con medidas electoralistas.