Ya se sabe que el discurso único viene imponiendo el mensaje de que lo imprescindible, lo bueno y lo mejor es hacer reformas. Aunque no se especifique en qué sentido debe ir la mencionada reforma, todo el mundo da por entendido que se trata de liberalizar, desregularizar, privatizar... en resumen, rescatar de las garras de un presunto despilfarrador Estado (para más inri, autonómico) todas aquellas materias de las que sea factible obtener un beneficio, aunque sea a costa de prejubilaciones de lujo (subvencionadas) o despidos masivos. Ahora que el mundo se vuelve del revés y quienes provocaron la catástrofe dictan con enorme autoridad las soluciones, no sobra dar un repaso a las liberalizaciones ya vividas. Efectivamente, los resultados indican que la liberalización de los mercados es muy positiva... para quienes participan del negocio.

Mucho más cuestionable es el beneficio obtenido por los consumidores. De hecho, en sectores como los carburantes o las telecomunicaciones, los contribuyentes españoles pagan precios superiores a la media europea. La propia OCDE, una de las grandes promotoras de la estrategia de austeridad impuesta en Occidente, reconoce en sus últimos informes que la liberalización de los mercados en España ha sido “más profunda” que entre sus ilustres vecinos. Aun asumiendo que la globalización impone condiciones inexcusables, ¿por qué no se rechaza el mito de que toda liberalización beneficia per se a los ciudadanos?