El proceso impulsado por el Gobierno de CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER para recuperar el control de Aerolíneas ha tomado un nuevo cariz al recomendar la comisión parlamentaria competente que se proceda sin más demora a la expropiación forzosa de la compañía. Desde que se planteó la reestatalización el pasado mes de julio, Marsans y los representantes argentinos andan en negociaciones para fijar el precio de la operación, pero las diferencias de criterio son tan profundas que difícilmente se podrá llegar a un acuerdo por ese camino. El grupo español, asesorado por Credit Suisse, reclama un resarcimiento de entre 330 y 540 millones de dólares por la cesión del paquete mayoritario (94,41%) de Aerolíneas, mientras que el Tribunal de Tasaciones de Nación asegura que su patrimonio neto es negativo en 546 millones.

La expropiación inmediata recomendada por el Parlamento es una buena coartada para Cristina Fernández, que sopesa desde hace tiempo la posibilidad de cortar por lo sano, pero prefiere no indisponerse más allá de lo imprescindible con el Gobierno de RODRÍGUEZ ZAPATERO, partidario de una solución pactada. España está estrechamente ligada a la suerte de Aerolíneas desde que en 1990 se hizo con ella Iberia (entonces todavía perteneciente al Estado) aprovechando el controvertido desmantelamiento del sector público empresarial que acometió el presidente CARLOS MENEN. A mediados de los noventa, la empresa pasó a estar bajo la tutela de la SEPI, que en 2001, poco antes de estallar la crisis ocasionada por los atentados del 11-S, se la revendió a Marsans.

El grupo propiedad de GONZALO PASCUAL y GERARDO DÍAZ FERRÁN ha llevado a cabo una gestión muy discutida de Aerolíneas, que ha tropezado con el boicot constante de los sindicatos y con la negativa del Gobierno a subir las tarifas, congeladas desde hace siete años. El supuesto vaciamiento patrimonial del que Marsans ha sido acusado y la merma de la calidad del servicio son los principales argumentos que Argentina ha puesto sobre la mesa para justificar la recuperación de su compañía de bandera. Sin embargo, esa medida no puede desvincularse de la revisión general del turbio programa de privatizaciones desarrollado en la última década del siglo XX y del que España fue sin duda uno de los grandes beneficiarios.

Empresarios de confianza

Para reargentinizar en la medida de lo posible las antiguas empresas públicas, los Kirchner han recurrido más de una vez a hombres de negocio de su plena confianza. Ese fue el caso, por ejemplo, de ENRIQUE ESKENAZI, dueño de la constructora Petersen, que figura entre las mayores concesionarias de obra pública del país. En diciembre se cumplirá un año de la compra por Eskenazi del 14,99% de YPF que estaba en manos de Repsol, a cambio de más de 2.200 millones de dólares.

Una operación fallida

La pasada primavera, otro potentado argentino, JUAN CARLOS LÓPEZ MENA, artífice de Buquebús, la sociedad que copa el tráfico fluvial a través del Río de la Plata, fue invitado a tomar un participación en Aerolíneas y de hecho, allá por el mes de mayo, él mismo proclamó a los cuatro vientos que la operación estaba cerrada. Según su propia versión, López Mena se convertiría en el primer accionista, con el 37%, y Marsans quedaría relegada al segundo puesto, con el 33%.

En la recta final

Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán se negaron a vender en estas condiciones, temerosos de quedar como meros convidados de piedra en la nueva etapa de Aerolíneas. Esta actitud propició, unida a las presiones de los sindicatos para que se desbloqueara el asunto de una vez por todas, dio pie al proceso que puede acabar en la expropiación pura y dura y con una compensación para Marsans de un peso, es decir, 30 céntimos de euro.