JORGE CALERO

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, expuso hace unas semanas que en este mes de diciembre podría conocerse si es posible alcanzar un pacto educativo que incorpore a partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones. Se trataría de un acuerdo orientado a definir la educación como una “cuestión de Estado” en el que se definirían una serie de líneas básicas no susceptibles de ser alteradas por los gobiernos cambiantes. Es decir, convertir a la educación en España en justo lo contrario de lo que ha sido hasta ahora. Un primer intento, en el mes de septiembre, resultó infructuoso, pero al menos actualmente el posible acuerdo está en la agenda política. No es poco, teniendo en cuenta de dónde venimos.

¿Por qué resulta deseable (más bien, indispensable) un pacto educativo? El sistema educativo ha sido empleado como arena del conflicto político e ideológico en demasiadas ocasiones. Este proceder ha minado la legitimidad de diversas reformas y a menudo ha trivializado esfuerzos bien dirigidos. Algo que puede resistir un sistema educativo consolidado, eficaz y equitativo, pero que ha acabado por erosionar el nuestro. Se han provocado demasiados escepticismos y resistencias. Todo ello, cuando los retos pendientes son trascendentes; se ha dicho esto tan a menudo que ya parece formar parte de la retórica que rodea a la educación. Pero no se debe olvidar que en los próximos años nuestra competitividad, ya severamente amenazada, va a depender de la cantidad y la calidad de nuestro capital humano. Y al pacto pueden incorporarse diversos elementos positivos en ese sentido.

Me refiero a cuestiones como la estabilidad legislativa, con la que se pretende que el proyecto educativo pueda madurar más allá del ciclo electoral. También la estabilidad presupuestaria, que podría formularse como el establecimiento de un suelo de gasto público en educación, aplicable también a las diferentes comunidades autónomas (que en la actualidad efectúan esfuerzos presupuestarios muy diversos en el ámbito de la educación). Al pacto deberían también incorporarse elementos que permitan reforzar la posición de los docentes. Otros dos elementos que se han considerado son más controvertidos que los anteriores. En primer lugar, la ampliación de la autonomía de los centros educativos, con objeto de que estos puedan adecuar sus procesos al tipo de usuario y a las iniciativas de sus maestros y maestras. En segundo lugar, la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 18 años, que fue apuntada por el ministro como una “reflexión”, reflexión que, a mi juicio, debe ser tenida muy en cuenta, ya que se adecuaría bien a una estrategia general de mejora de la productividad en el largo plazo que ya están aplicando otros países.

Lo razonable sería no dejar pasar esta oportunidad. Pero los partidos políticos pactarán o no en función de cómo perciban sus costes y beneficios en la operación. Sería deseable, pues, que lleguen a percibir que la falta de colaboración en las negociaciones de un pacto puede tener un coste electoral suficientemente importante.

Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada