JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO

Economista

Aun cuando en los momentos actuales –en los que aún nos encontramos lejos de la recuperación económica– una política fiscal restrictiva no sea la más conveniente, a España quizás no le quede más remedio que aplicarla, presionada por Alemania, los halcones de la Comisión Europea y por los llamados mercados. Bien es verdad que tanto el Gobierno español como los de otros países con idénticos problemas podrían haber mantenido una postura más enérgica frente a los defensores de los expedientes por déficits excesivos y, desde luego, no deberían haber asumido el discurso bobalicón de que “sanear las cuentas públicas es vital para impulsar la recuperación”.

En cualquier caso, lo que parece estar fuera de toda discusión es que para instrumentar una política restrictiva son múltiples las posibilidades a utilizar; cada una de ellas con efectos y resultados diferentes. El Gobierno se ha adentrado por el peor camino, tal vez con el objetivo de alcanzar el mayor número de apoyos de la derecha. Ante la disyuntiva de reducir gastos o subir impuestos, se está escogiendo principalmente la primera opción. Es más, se llega al contrasentido de que, mientras se rechaza cualquier tipo de medida que comporte el mínimo incremento de gasto público, se aceptan múltiples desgravaciones fiscales, como si la disminución de ingresos no tuviese ningún efecto sobre el déficit público. Incluso se propone liberar parcialmente a los empresarios de la indemnización de los despidos, por la vía de traspasar su coste al Estado, o se plantea reducir las cotizaciones sociales.

Sin embargo, la realidad es que el enorme aumento que ha sufrido el déficit público obedece más a la caída de los ingresos que a la expansión del gasto, por lo que a la hora de intentar sanear las cuentas públicas habría que considerar en primer lugar los impuestos, y concretamente el fraude fiscal, ya que el descenso de la producción y del consumo no pueden explicar en su totalidad la brutal minoración de la recaudación. Si de subir impuestos se trata, el Gobierno, en lugar de escoger el IVA, debería haberse orientado a los directos (impuesto de patrimonio, rentas de capital, tarifa del IRPF) cuya subida, amén de tener efectos positivos sobre la equidad, desincentiva la actividad económica en menor medida que la elevación de los indirectos o que la reducción del gasto público, al tener las rentas altas una mayor propensión al ahorro.