ALFONSO EGEA DE HARO

Profesor de Ciencia Política

Cada cambio en la presidencia rotatoria de la Unión Europea, lejos de generar nuevas expectativas, provoca dudas sobre la capacidad del nuevo inquilino. Hungría no es una excepción. Un ejemplo es que, a pesar de las críticas sobre el cinismo con el que se resolvió la cuestión de la comunidad romaní en Francia, la presidencia del único Estado que cuenta precisamente con una europarlamentaria romaní, Lívia Járóka, no hace esperar un avance en la lucha contra estos episodios de exclusión social. Por el contrario, Francia y Alemania ya han dirigido una carta a la Comisión en la que dudan de la conveniencia de extender en 2011 el área Schengen a Bulgaria y Rumanía, por sus fallos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Las credenciales con las que Hungría se presenta tampoco ayudan a generar estas expectativas. De un lado, la tragicomedia de la deuda ha concentrado en Hungría a todos los actores principales, con Fitch y Moody’s en su papel de calificadores de la deuda y con el FMI como acreedor del primer crédito concedido a un país europeo en 2008. Los consiguientes planes de ajuste han provocado críticas, que tenderán a aumentar durante la presidencia, por parte de empresas de otros países europeos que denuncian cómo el equilibrio presupuestario se está llevando a cabo mediante impuestos especiales que afectan fundamentalmente a las empresas extranjeras, en sectores como el de la energía. De otro lado, aumentan las protestas contra la concentración de poder de la mayoría conservadora del partido Fidesz, que recientemente ha aprobado una ley por la que se crea una comisión gubernamental con amplios poderes de control sobre los medios de comunicación, obligados ahora a revelar sus fuentes o remitir previamente la información a esa comisión a fin de salvaguardar.

Y en estas, Hungría ha de inaugurar el semestre europeo. Un cronograma para 2011 que marca en rojo tres meses: marzo, cuando la Comisión presentará su programa anual de crecimiento y estabilidad; abril, cuando los gobiernos nacionales expliquen cómo sus políticas presupuestarias y estructurales se adecúan al programa; y junio, cuando el Consejo evalúe las medidas nacionales y formule recomendaciones específicas. Con este calendario se comprende que entre los meses de enero y julio –cuando la presidencia pase a Polonia– no haya grandes expectativas de cambio.