El Ministerio del Interior y la delegada del Gobierno en Valencia tendrán que dar explicaciones parlamentarias por las decisiones que vienen tomando y asumir sus responsabilidades. Ayer, la Policía Nacional disolvió a porrazo limpio las concentraciones estudiantiles convocadas precisamente para protestar contra la violencia policial y las detenciones de los últimos días. Las asociaciones de padres y el profesorado del Instituto de Educación Secundaria Lluís Vives, foco principal de las protestas contra los recortes educativos, han denunciado la “furia policial”. La delegada del Gobierno y los responsables de las Fuerzas de Seguridad sostienen que en todo momento han actuado en defensa propia y del orden público. No han presentado pruebas del “plus de agresividad” de los manifestantes; por el contrario, abundan imágenes y testimonios de abusos de los antidisturbios contra adolescentes, adultos y periodistas de forma indiscriminada. Es sintomático el lenguaje belicista del propio jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, preguntado por el número de agentes desplegados ayer: “No puedo revelar al enemigo cuáles son mis fuerzas”. ¿Es razonable que la máxima autoridad policial se refiera a los estudiantes como “el enemigo”? Urge una investigación a fondo de estos sucesos, como exigen todos los grupos políticos valencianos a excepción del PP. ¿Y a qué espera la Fiscalía de Menores para cumplir la obligación que tiene de proteger sus derechos?