Francisco Balaguer Callejón

El referéndum puede ser un instrumento muy útil para que las decisiones sean más democráticas desde el punto de vista de su vinculación directa con la ciudadanía. También puede ser–y lo ha sido muy habitualmente– un instrumento de legitimación de regímenes dictatoriales y un recurso fácil para su utilización demagógica. Una de las primeras reglas para que no se convierta en un arma política con pretensiones demagógicas es que el ámbito de la consulta coincida con el de la decisión. Esto es, que una comunidad de vecinos, por ejemplo, no pretenda decidir sobre el futuro de una ciudad o una ciudad sobre el futuro de un país. Además hay otras: que haya sido legalmente convocado por la autoridad a la que corresponda y que se hayan observado todas las garantías propias de un proceso refrendatario. En realidad, en una democracia constitucional, el referéndum aporta legitimidad directa a las decisiones (si se dan las condiciones establecidas legalmente) pero no necesariamente mayor sentido democrático, porque no elimina la tensión dialéctica entre mayoría y minorías sobre la que se asienta la democracia pluralista y el Estado constitucional de Derecho. La democracia constitucional se ha construido sobre la idea de que la mayoría debe ser controlada para evitar la lesión de los derechos de las minorías y, por ese motivo, también la ciudadanía está sometida a las reglas que articulan la convivencia pacífica entre todos los sectores sociales. Las reglas se pueden cambiar por los procedimientos establecidos previamente pero, mientras no se modifiquen, hay que respetarlas.

Legitimar el referéndum como arma política tiene sus problemas. Hoy puede ser una consulta en diversas poblaciones de Catalunya sobre la independencia, mañana podría serlo una iniciativa de sectores conservadores en contra de los derechos de determinados colectivos o de las políticas de igualdad del Gobierno o de cualquier otro argumento que se quisiera convertir en centro del debate por la vía de la agitación animada a través de consultas populares. Cuando desde un sector se comienzan a utilizar determinadas armas políticas, se debe ser consciente de que otros también pueden recurrir a ellas y quizás con pretensiones menos idealistas. Además, se pueden favorecer reacciones desproporcionadas y demagógicas, que tratan de poner en cuestión la legitimidad del debate independentista. Un debate en el que se puede estar a favor o en contra, pero del que no se debería dudar de su carácter democrático.

Y, desde luego, se equivocan quienes dicen que para un referéndum de independencia no se pide permiso. La experiencia histórica nos evidencia que para lo que no hay que pedir permiso es para la independencia. Para la independencia no hace falta ningún referéndum. Lo que hace falta es el consenso previo de una amplia mayoría de la sociedad a favor de esa opción. Justamente lo que hoy no se da en Catalunya, para fortuna de quienes creemos que su aportación es imprescindible para la modernización de España, en un proyecto compartido de vocación social y europea.

Catedrático de Derecho Constitucional