NÚRIA BOSCH

Catedrática de Hacienda Pública

Son muchas las voces que en los últimos meses han manifestado la necesidad de una reforma del sistema público de pensiones en España: el gobernador del Banco de España, la Comisión Europea, la OCDE. Según estos organismos y los expertos el sistema público español de pensiones empezará a tener problemas a partir de 2020, que es cuando los individuos de más de 50 años superarán a los comprendidos entre 18 y 49 años. En los sistemas de pensiones de reparto como el español, donde las personas ocupadas son los que financian mayoritariamente las pensiones de los jubilados, el envejecimiento de la población es un factor que incide de forma directa sobre la sostenibilidad del sistema. Pero, junto a este factor, hay otros dos que tienen también mucha importancia: la evolución del mercado laboral y la evolución de la situación económica. Es obvio que, en un sistema de reparto, el esfuerzo que han de hacer los trabajadores en activo es mayor si el envejecimiento de la población se incrementa al haber cada vez más pensionistas. Y si además aumenta el desempleo, el sistema deviene en insostenible, por lo que se hace necesario, o bien aumentar las cotizaciones o los impuestos, o bien disminuir las pensiones. Así, un elemento básico para dicha sostenibilidad es elevar la productividad y reducir las tasas de paro, lo que pasa por promover el empleo y por una economía más productiva y con mayor dinamismo.

En España, es necesario, pues, una reforma profunda del sistema público de pensiones que lo haga sostenible a medio y largo plazo, al ser uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Muchas son las medidas que proponen los expertos: aumentar la edad de jubilación; restringir las posibilidades de realizar prejubilaciones; incrementar los años a tener en cuenta para el cálculo de la pensión; financiar las cotizaciones mediante impuestos como el IVA, etc. También hay quienes proponen sistemas mixtos públicos-privados, mediante el fomento de fondos privados de capitalización.

El presidente Zapatero ha anunciado que en breve revisará la Ley de Pensiones públicas que remitirá a la Comisión del Pacto de Toledo. Es la hora de abordar esta reforma si se tiene en cuenta que muchos países europeos ya la han realizado y, por tanto, nos llevan ventaja. Por ejemplo, en Alemania han retrasado la edad de jubilación a los 67 años. Otros países han fomentado sistemas de pensiones privados a través de las empresas, el ahorro voluntario, etc. España no ha abordado todavía la reforma porque se ha beneficiado de la inmigración y de la incorporación de la mujer en el mercado laboral, así como del hecho de que el baby boom se registró más tarde en España que en otros países europeos. Ello ha propiciado el superávit de la Seguridad Social de los últimos años.

Por tanto, es necesario que todos los agentes implicados en la reforma (Gobierno, oposición, sindicatos, patronal) lo hagan con la mayor responsabilidad, pues muchas de las propuestas no serán populares. El sistema español de pensiones no ha quebrado; y si se aplican las reformas necesarias puede gozar de buena salud.