Lorenzo Vidal

Miembro del colectivo Econonuestra

En el mes de diciembre de 2008, el gobierno ecuatoriano declaró una cesación de pagos respecto a un tercera parte de su deuda pública externa, al considerarse esta ilegítima e ilegal. Este default, desencadenó una serie de acontecimientos que permitieron al gobierno reducir el peso del servicio de la deuda externa; tanto en flujos de millones de dólares, como en términos de la influencia y condicionalidad ligadas a estos bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El siguiente texto analizará las claves que caracterizaron este particular proceso de repudio a la deuda externa, una decisión política que continua siendo tabú en el marco del régimen actual del Estado español.

Presión desde abajo

Esta decisión no fue una ocurrencia del presidente Rafael Correa, sino que recogía una de las demandas principales de los movimientos sociales del país que habían estado fuertemente movilizados en los años precedentes. El primer paso decisivo de estos había sido desmitificar el moralismo falaz en el imaginario colectivo de que “las deudas hay que pagarlas”. En primer lugar, porque tal planteamiento es empíricamente erróneo desde una perspectiva histórica que revela una larga lista de impagos soberanos. En segundo lugar, porque no tiene ningún fundamento material, en el sentido de que las relaciones deudores-acreedores no se rigen por ley divina, sino que la deuda es una relación social, y como tal está atravesada por relaciones de poder que hay que deconstruir para poder desvelar su verdadera naturaleza.

Así, la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), que estudió en detalle los componentes de la deuda pública ecuatoriana por encargo del gobierno, llegó a la conclusión de que el endeudamiento público había derivado en "una herramienta de saqueo de recursos y de sumisión a políticas impuestas por los organismos multilaterales", una "injerencia en asuntos internos del país con la consecuente lesión a la soberanía" que había "redundado en un freno impuesto al desarrollo".

Tensando la cuerda, sin romperla

El default de los bonos provocó una caída de su precio en los mercados secundarios de deuda pública, en los que se compran y venden “papeles” que dan derecho a ser receptor de una parte de los pagos de deuda del gobierno. Como el gobierno se había negado a pagar, estos rápidamente perdieron su valor. Esto permitió al gobierno ecuatoriano recomprarlos posteriormente a un coste mucho menor, ofreciendo a los acreedores pagar por los bonos un 35% de su valor nominal. Eso es, el gobierno pagó 35$ por cada 100$, más intereses, de deuda, que habría tenido que pagar si no llega a inculcarles suficiente miedo a los acreedores de que si no aceptaban esta oferta, no iban a recibir ni un céntimo.

De esta forma, el gobierno sí acabó pagando una deuda que había tildado de ilegítima, aunque a un costo mucho menor. Este “pragmático” rechazo matizado a una parte concreta de su deuda externa, junto con el riguroso cumplimiento del resto de pagos de deuda, enfureció al gran capital, pero no le ha supuesto estar en la lista negra para siempre. Las agencias calificadoras de deuda soberana, como Moody’s o Fitch, le pusieron en el año 2012 el mismo rating que tenía en el período previo al default. La prima de riesgo del país también siguió una evolución similar. El cortoplacismo de los mercados de capital tiene la ventaja de que pronto olvida las insumisiones puntuales.

La operación permitió la reducción en un 27% del saldo de la deuda pública externa, y al año siguiente el gobierno ya se ahorraba casi un 50% en el pago de intereses. De esta forma pudo destinar recursos, que anteriormente iban a los bolsillos de los acreedores, a financiar gasto público en programas sociales.

Ingresos públicos alternativos

Una de las derivadas del neoliberalismo es la reducción de la capacidad recaudatoria del Estado, lo que provoca que para financiarse este tenga que recurrir a menudo al endeudamiento antes que a ingresar vía impuestos. Con una serie de reformas tributarias de carácter progresivo y con la renegociación de los contratos petroleros con las transnacionales, el gobierno ecuatoriano apuntó asimismo a financiarse en mayor medida con los recursos propios de la economía nacional.

Sin duda, si en el Estado español se gravase realmente a los que más tienen, se podría recurrir en mucho menor grado al endeudamiento público.

Cambio geopolítico

Habiendo roto relaciones con el FMI y el BM, y con la prima de riesgo en los mercados internacionales de capital inicialmente por las nubes, el gobierno tuvo que buscar nuevas fuentes de financiación externa. Casi el 70% de la nueva deuda pública externa contratada tras el default proviene de China. El crédito chino viene sin las detestadas condicionalidades del endeudamiento pasado. Eso sí, tampoco llega a cambio de nada, sino que está a menudo ligado a proyectos en los sectores extractivos (petróleo y minería) y con un porcentaje de su ejecución reservada para empresas chinas.

A su vez, el gobierno está activo en los procesos de regionalización latinoamericanos, de la mano de UNASUR y el ALBA y en proyectos como el Banco del Sur con vistas a ganar más autonomía e influencia sobre las condiciones y políticas ligadas a los préstamos externos.

Sí se puede, pero no hay elecciones fáciles

Del Ecuador al Estado español hay un gran salto. Hay grandes diferencias en el tamaño y características de cada economía y existe un corsé supra-nacional con el Euro y la Unión Europea, para empezar. Pero el caso ecuatoriano apunta a la posibilidad de desafiar a los grandes poderes fácticos y salir airosos de la contienda, a que los pronósticos apocalípticos ligados a este tipo de actos de desobediencia son más chantajes interesados que previsiones económicas rigurosas.

También revela que la deuda es un lazo que une a todo un entramado institucional. Cortar el lazo conlleva cambios a todos los niveles, desde cómo se gestiona y regula la economía hasta por qué tipo de relaciones internacionales se opta. Requiere de un paso valiente hacia una nueva institucionalidad aún por construir y llena de interrogantes. También se puede optar por la seguridad de quedarnos donde estamos, por la seguridad de que se va a seguir desvalijando lo público y común para pagar hasta el último céntimo de nuestra propia deuda ilegítima.