RAMÓN COTARELO

Catedrático de Economía Aplicada

Exige el Consejo General del Poder Judicial a los responsables políticos “el máximo respeto” a la función judicial. Sin embargo el respeto no se pide, demanda o exige; el respeto se merece o no se merece.

¿Merece respeto un magistrado –De la Rúa– que entiende en una causa penal en la que el principal implicado dice ser su amigo íntimo, y lo exonera? ¿Merece respeto el vocal del Poder Judicial Fernando de Rosa, quien, tras ser consejero de Camps, avala la honradez e inocencia de su ex jefe en un procedimiento penal como tal consejero? ¿Merece respeto un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial para quien dios –su dios– es la base de la “verdadera Justicia”? ¿Merece respeto el propio Consejo General del Poder Judicial que tramita los nombramientos de la carrera por un sistema de cuotas y mercadeo ideológico análogo a la famosa lotizazzione de Italia que dio al traste con la primera República de aquel país? Son preguntas sencillas que cada cual puede contestar en conciencia.

La opinión pública nacional e internacional lo tiene claro: la Justicia española está politizada y claramente escorada a la extrema derecha, por lo que poco respeto parece merecer. La colusión entre el Tribunal Supremo, la extrema derecha, el PP y los corruptos que denuncia el ex fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo es algo que los implicados no disimulan, aunque, muy escandalizados, lo nieguen de palabra.

Y hay más. La agresiva derecha española instrumentaliza siempre las instituciones y poderes del Estado, así como las asociaciones suprapartidistas en pro de su bandería política. Lo hizo en 1936 con el Ejército y la Iglesia, por medio de los cuales tiranizó el país durante 40 años. Hoy, al estar las fuerzas armadas al margen de la política, lo intenta de nuevo con la Iglesia y el poder judicial. La primera responde con celeridad y caldea el ambiente, mientras que el poder judicial viene a sustituir al Ejército en la tarea de obtener por otros medios lo que las urnas niegan a la derecha; anular mediante triquiñue-

las formales el caso Gürtel; y, por último, amedrentar a sus adversarios, cosa nada difícil, como se prueba por el hecho de que estos, en su ingenua veneración por el consenso y las formas democráticas, patrocinen el nombramiento del citado presidente del Supremo, cuya primera provisión fue impedir que el proyecto de Ley del Aborto contara con un dictamen favorable del Consejo que también preside.

¿Merece respeto una administración de Justicia con procesos que cabe tildar de políticos, persecuciones judiciales de algún escaso juez independiente, connivencia entre magistrados y acusados cuando son políticos con mando en plaza, influencia de los partidos en el nombramiento de jueces que tienen que entender en casos penales en los que aquellos están directamente interesados, como sucede con el célebre Gürtel? Con estos datos no hay que ir muy lejos a buscar la causa del desprestigio de la Justicia española y de que esta haya de exigir con sus escritos lo que no consigue con sus hechos: respeto.