Mientras que Cataluña sigue entre barrotes, con los secesionistas perdidos en su disparatado laberinto y los constitucionalistas incapaces de liquidar el procés con un poquito de política, en España se impone la revolución conservadora frente a las protestas de mujeres y pensionistas.

La prisión permanente revisable, al calor de crímenes tan execrables como mediáticos, como los de Diana Quer, Marí Luz Cortés, Marta del Castillo y otros, recoge millones de firmas para ponernos en el camino de la cadena perpetua.

¿Quién se va a oponer a la ley del Talión tras el asesinato de Gabriel Cruz, tan reciente, tan doloroso?

Con una vuelta de tuerca más, hasta la pena de muerte hubiera tenido el respaldo de público y crítica.

Así las cosas, cualquier defensa de su derogación, como la que llevó a cabo el diputado socialista y magistrado Juan Carlos Campos en el Congreso de los Diputados, repugna hasta a muchos de los suyos, que son tan de derechas como los de Ciudadanos. Debe ser que el roce hace el cariño, ¿no?

Ya no digo de la leña al mono de la derecha pura y dura y sus medios afines, que han visto en esta campaña a favor de la prisión permanente revisable el contrapunto perfecto a las protestas de mujeres y jubilados, que van más por el carril de la izquierda y que han dejado con el culo al aire al centro derecha español, incluido a la muchachada de Rivera, que tiene alergia a las feministas y que no cree que España sea un país para viejos.

Esta revolución conservadora, que quiere más cárceles y menos escuelas y hospitales, no va a parar. Que hay que meter a más raperos en chirona, pues se meten y así se lavan la lengua y las greñas. Y que se sienten, coño.

Que hay que llevarse por delante el artículo 25 de la Constitución y el conjunto de normas del sistema penitenciario español que consagran la reinserción, pues para eso está el Tribunal Constitucional, cuya degradación es directamente proporcional a la que sufre nuestra democracia por los cuatro costados.

Como prueba otro botón: el Alto Tribunal, según ha adelantado la Cadena SER, está a punto de un repique para avalar la constitucionalidad de la Ley Wert.

Así, la ponencia, en manos del magistrado conservador Alfredo Montoya, no ve obstáculos constitucionales para que los colegios que separen a los alumnos por sexo reciban ayudas públicas.

De la misma forma, respalda que los centros puedan segregar a los alumnos por itinerarios académicos, limita la participación de las familias en los consejos escolares y considera que el tratamiento de la Religión es el adecuado, imponiendo una alternativa obligatoria a la clase de Religión. Y que Dios nos coja confesados, o multa al canto.

Está claro que si se confirma esta sentencia las escuelas privada y concertadas recibirán un espaldarazo en detrimento de la escuela pública, que es una institución en peligro de extinción mientras la derecha siga gobernando España.

Lo público en general lo está. La sanidad pública languidece en muchas comunidades, sobre todo en las gobernadas por el PP, que ya hace tiempo les abrió las puertas a los chicos del ladrillo cuando la crisis. En Madrid es una feria.

Y las pensiones públicas ni te cuento. Que hay que hacerse una pensión privada, María, que lo dice Celia Villalobos, la señora de Arriola; sí la misma que nos quiso enseñar a hacer un puchero en tiempos de las vacas locas.

A esta revolución conservadora a golpe de Tribunal Constitucional, apoyada con una artillería mediática pagada los Presupuestos Generales del Estado y avalada por el Ibex 35 y la gran banca, hay que responder o acabaremos convirtiendo España en una gran cueva, en la gran cueva de Alibaba donde seremos felices y comeremos perdices y un montón de mierda.