Jorge Calero

El sector público redistribuye constantemente recursos entre los ciudadanos. Algunas de sus funciones (pensemos, por ejemplo, en las que lleva a cabo la Seguridad Social) consisten, precisamente, en llevar a cabo esa redistribución. La imagen del sector público como “Robin Hood miope” alude a la dificultad que tiene para identificar de dónde tiene que obtener el dinero y a dónde tiene que llevarlo. Llevada al extremo, la miopía de Robin Hood hace que obtenga el dinero de los pobres y lo destine con generosidad a los ricos.

Pero, en el caso español, ¿es realmente miope el sector público cuando hace de Robin Hood? En buena medida sí. Cuando recauda impuestos y recibe cotizaciones de la Seguridad Social el efecto distributivo es prácticamente neutral. Se podría esperar que recibiera más de los grupos de renta más alta, debido a la progresividad formal de impuestos como el IRPF. Pero, incluso si nos centramos sólo en el IRPF, la progresividad queda compensada por una serie de deducciones que benefician a los grupos de renta más alta.

Pensemos en la reducción de la base por aportaciones a planes de pensiones privados, quizás el elemento más regresivo del sistema impositivo español, o en la recientemente reformada deducción por adquisición de vivienda habitual.

En el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social, sabemos que la cuota patronal se traslada, en una elevada proporción, a los trabajadores por medio de salarios más reducidos. Si tenemos también en cuenta la evasión y la elusión fiscal, una mirada agregada a los ingresos del sector público nos indica algo sorprendente pero suficientemente establecido: los impuestos y cotizaciones nos retiran recursos en un porcentaje que se mantiene casi constante para los diferentes grupos de renta. Por tanto, cuando Robin Hood obtiene recursos, no tiene suficiente vista como para identificar a los ricos.

Y con los gastos tampoco acierta del todo. Hace años que ya no sólo son los pobres los beneficiarios del Estado del bienestar. La expansión de los servicios universales hace que los gastos se distribuyan cada vez más en función de criterios no relacionados directamente con la renta.

De hecho, de algunos servicios financiados públicamente se benefician más los grupos con mayores ingresos. Es esta una situación contradictoria desde el punto de vista de la viabilidad del Estado del bienestar: por una parte, hace más confusos sus objetivos, pero, por otra, garantiza que va a recibir apoyos que benefician su continuidad.

Hace días leí que la patronal, en Cataluña, instaba a la Generalitat a gastar los recursos adicionales procedentes del nuevo sistema de financiación autonómica en Sanidad, Educación y servicios sociales (y no en burocracia). Toda una señal de que el interés en el Estado del bienestar se ha extendido y obtiene apoyos no sólo de los más pobres. Puede, por tanto, que sea particularmente necesario corregir la miopía de Robin Hood a la hora de obtener ingresos, pero no lo sea tanto corregirla a la hora de distribuir gastos.

Catedrático de Economía Aplicada