Acato, cómo no, la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegítimo el uso de cámara oculta, sobre todo, cuando concluye que ha sido dictada con finalidad garantista de los derechos a la intimidad y a la propia imagen, frente al uso con finalidades espurias, propias del amarillismo periodístico. Es cierto que un sector de la prensa utiliza la cámara oculta para excitar las bajas pasiones del público y acumular la dosis de basura necesaria con el único fin de hacer caja. No obstante, a pesar de su excesiva visibilidad, son una minoría. Pero sus malas prácticas no pueden justificar las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión o, directamente, la censura. No es justo que, por culpa de los amarillistas, al resto de los profesionales se les impida utilizar recursos que sirven para demostrar lo que pretenden ocultar determinadas fuentes sospechosas de amparar algún delito.

La sentencia es más que discutible cuando argumenta que el periodista no puede simular una falsa identidad para obtener información, porque sin ese “engaño o ardid” sería imposible lograrla. Acaba de anular la ingente labor del periodismo de investigación. Qué hubiera sido de tantos periodistas que se han visto obligados a ocultar su identidad para introducirse en lugares y meterse en situaciones que, de otro modo, hubiera sido imposible. Algunos, incluso, han tenido que camuflarse entre grupos terroristas, inmigrantes discriminados, trabajadores explotados en las fábricas, pacientes sometidos a torturas en psiquiátricos… para denunciar abusos e ilegalidades que, sin su testimonio, permanecerían ocultos.