JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO

Economista

Ante las presiones de las fuerzas económicas y mediáticas, el Gobierno español ha situado como objetivo número uno de su política económica el control del déficit público, centrando su estrategia en la reducción del gasto, estrategia que choca frontalmente con los planes de estímulo a la actividad adoptados el pasado año. No deja de resultar llamativo, sin embargo, que nadie se fije en la evolución de los ingresos, cuando es la baja recaudación, en mayor medida que el incremento del gasto, la que se encuentra en el origen del enorme desequilibrio alcanzado por las finanzas públicas.

Los impuestos forman parte de lo que se denomina estabilizadores automáticos y, por lo tanto, el ingreso desciende según se reduce la actividad. Es por eso por lo que la mejor forma de luchar contra el déficit público consiste en reactivar la economía y será difícil que este desaparezca mientras permanezca la crisis.

No obstante, la recaudación en el ejercicio 2009 se ha reducido en una cuantía muy superior a la que cabría esperar. El consumo ha disminuido alrededor del 5,5%, mientras que los ingresos por IVA –que deberían haberse minorado en un porcentaje similar o, como mucho, en algún punto más si se diese una elasticidad superior a la unidad– lo han hecho casi en un 40%, tasa difícil de explicar.

La recaudación neta en 2009 no ha llegado siquiera a la tercera parte de la prevista y en los dos últimos años el descenso ha sido cercano al 50%. No hay reducción del consumo que pueda justificarlo.

La única razón posible se encuentra en un incremento generalizado del fraude, fraude tanto más censurable cuanto que significa una apropiación indebida por parte de las empresas del gravamen que previamente han cobrado a los consumidores. Parece ser que las empresas con dificultades, debidas generalmente a restricciones financieras, intentan solucionar sus problemas de tesorería, o mantener sus beneficios, dejando de pagar los impuestos, lo que, por lo visto, no es demasiado difícil dado el progresivo deterioro que en términos de objetivo político se ha producido en la lucha contra el fraude y la laxitud introducida por las últimas reformas de la Ley General Tributaria.

Algo similar ocurre, aunque quizás no de forma tan escandalosa, con los impuestos directos: el enorme descenso en su recaudación sólo en una pequeña parte puede ser explicado por la reducción de la renta nacional.

Tales hechos deberían ser motivo de reflexión para el Gobierno. En primer lugar, para reconsiderar la subida del tipo del IVA; tendría que preguntarse si los mayores recursos que se conseguirán a costa de los consumidores van a ir al Tesoro Público o a engrosar las arcas de los empresarios. En segundo lugar, para ser consciente de que la presión por reducir el gasto público es una trampa trazada por aquellos que están en contra de los bienes y servicios públicos, pero que no sirve para equilibrar las finanzas públicas. Si quieren conseguir este objetivo, deberían centrar su atención en los ingresos y en la reforma del sistema financiero, ya que este último está ahogando la recuperación de

la economía.