RAMÓN COTARELO

La respuesta del Partido Popular al incipiente proceso por presuntas corruptelas en su seno no puede ser más dañina para el sistema democrático y la funcionalidad de las instituciones. Casi política de tierra quemada. Empezó siendo un ataque a la legitimidad de las instituciones al poner en cuestión la imparcialidad de la justicia o el funcionamiento de los órganos legislativos (caso de la Asamblea de Madrid) o la profesionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado. A continuación ha pasado a tratar de amedrentar personalmente a los funcionarios y cargos responsables del funcionamiento de las instituciones.

Nadie puede negar que el Partido Popular como partido y su presidente en concreto han desatado una verdadera persecución del juez Garzón en todos los órdenes con una acumulación de recusaciones y denuncias, así como una sarta de descalificaciones de todo tipo que equivale a un acoso personal. La finalidad sólo puede ser intimidar al magistrado y conseguir su desistimiento como única forma de paralizar la acción de la justicia que está esclareciendo presuntos delitos cometidos por los militantes y cargos del partido.

A ello ha de sumarse la insólita y violenta diatriba del señor Cosidó, portavoz del Partido Popular en asuntos de seguridad en contra del ministro Pérez Rubalcaba y de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, a las que ha puesto bajo sospecha de partidismo con una irresponsabilidad que sólo cabe calificar de incendiaria. Después de amedrentar a los jueces, nada puede ser más dañino para el Estado de derecho que sembrar sospechas infundadas sobre la imparcialidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Que estos procedimientos los usen los terroristas está en la naturaleza de las cosas; que recurra a ellos un partido conservador rompe la lógica misma del sistema.

Cierra el ciclo la agresividad del señor Trillo en contra del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por no sancionar al juez Garzón según sus innumerables requisitorias de parte. Que el señor Trillo lo hiciera en un tono impertinente, por decirlo con suavidad, ya es grave, pero que el Partido Popular pretenda que la sociedad española acepte lecciones de ética de ningún tipo de alguien con la ejecutoria del señor Trillo en materia de responsabilidades políticas rebasa los límites de lo aceptable.

Ningún partido democrático puede reaccionar a la apertura de un proceso penal en un Estado de derecho cuestionando las instituciones, especialmente la administración de Justicia, y tratando de amedrentar a quienes las representan y gestionan, porque eso implica una falta de lealtad a las reglas del juego que no puede ir en beneficio sino de quienes, en verdad, no creen en la democracia ni en el imperio de la ley. El Estado democrático, con todo, tiene instrumentos suficientes para contrarrestar estas agresiones y, sobre todo, cuenta con la opinión pública ciudadana mayoritaria, que ayudará a conseguirlo manifestando su apoyo a las personas y cuerpos sometidos a intimidación. El resultado se verá en las próximas elecciones europeas.

Ramón Cotarelo es Catedrático en Ciencias Políticas