CARME MIRALLES-GUASCH

Profesora de Geografía Urbana

Hace unos días, en este periódico se nos informaba de la poca responsabilidad que tienen los notarios y registradores en la compra fallida de un piso. Parece, según esta noticia, que estos profesionales no informan lo suficiente al cliente que suscribe una hipoteca, y esta falta de información se agrava cuando los términos del contrato son abusivos o un cambio en la economía familiar hace inasumible el pago de la hipoteca. Hasta el punto de que el Ministerio de Economía está elaborando una orden sobre transparencia bancaria que obligará a dar más información, aunque se puede quedar corto en la protección al cliente.

Reubiquemos este razonamiento en el ámbito colectivo y pensemos en las infraestructuras sobredimensionadas o directamente inútiles que se han construido en este país y en el enorme gasto de dinero público que han arrastrado. Y digo gasto y no inversión porque se han tirado por el sumidero miles de millones sin que nadie pueda aclarar qué beneficios para la colectividad ha aportado este nivel de dispendio o, incluso, de derroche. Pensemos, por ejemplo, en aeropuertos sin aviones, en estaciones de AVE sin pasajeros o en autovías vacías. Infraestructuras todas ellas que tenían, pues es obligatorio, un estudio informativo y un balance económico donde se argumentaban y se cuantificaban demandas potenciales que hacían viables e incluso inevitables estas nuevas construcciones. Unos estudios técnicos avalados por unos profesionales que certificaban la necesidad de estas y que acreditaban las decisiones en el ámbito político, siempre que la cadena de toma de decisiones fuera la correcta.

Pues bien, cuando estos informes técnicos son claramente incorrectos, incluso manifiestamente erróneos porque han sobredimensionado demandas que han generado infraestructuras inútiles, ¿no tienen los técnicos responsabilidades sociales respecto a las inversiones generadas con dinero público? Si su compromiso fuera explícito y público cuando hacen un diagnóstico sobre la utilidad de obras que requieren miles de millones de euros recaudados con nuestros impuestos y les exigiéramos alguna responsabilidad social derivada de su trabajo, no se nos caería ahora la cara de vergüenza al contemplar las infraestructuras inútiles que acompañan nuestros paisajes.