MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA

Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia

Hasta la Ley de Reforma Universitaria de 1983 no existió un marco legal adecuado para regular las relaciones entre las universidades públicas y las empresas. Pero eso no quiere decir que no existiera una tupida red de relaciones entre el mundo universitario y el de los negocios. No era infrecuente, por ejemplo, que un mismo profesor diera clases en su universidad y en una academia privada o en un centro vinculado con la Iglesia.

A todo esto puso coto la Ley de 1983. Creó un marco legal específico para las universidades privadas, obligándolas a ser universidades de verdad y a diferenciar claramente sus actividades y su personal de los de las universidades públicas. Reguló también (el famoso artículo 11 de la LRU) la colaboración de los profesores universitarios con el sector empresarial, en el ámbito de las actividades de I+D, una vía de colaboración que desde entonces no ha hecho sino crecer y mejorar. Demasiado, en opinión de algunos sectores académicos que denuncian el sesgo excesivamente pragmático y empresarial de las universidades actuales.

Yo no sé si se puede decir que esto último sea un problema real. Pero lo que sí resulta realmente peligroso, en mi opinión, es que se instaure de nuevo un revoltijo de intereses privados y funciones públicas parecido al que existía antes de la LRU. Algunos síntomas apuntan en esa dirección. Por ejemplo, la creciente confusión entre programas de máster oficiales, con precios públicos controlados, y programas propios de la universidad con precios libres y escasa dotación de becas. Otro ejemplo: la incipiente tendencia a introducir en los campus universitarios enseñanzas de Formación Profesional Superior, más rentables como negocio. Y un tercer ejemplo: la obsesión por establecer alianzas con empresas de cualquier tipo, aunque sea para patrocinar programas como los de homeopatía y otros negocios pseudocientíficos que ninguna universidad debería avalar.

Las universidades públicas deben ser eficientes y deben formar no sólo ciudadanos críticos sino también profesionales competentes y productivos. Además deben colaborar con el sector empresarial y otras organizaciones sociales para prestar servicios a la comunidad en el terreno de las actividades de I+D, la tecnología avanzada y la alta especialización. Pero nada de esto tiene que ver con la obsesión por los negocios. Las universidades no son negocios, ni pueden ni deben serlo.