Ante una fecha tan redonda como la de hoy, víspera del veinte aniversario de la caída del Muro de Berlín, este buzón de voz pretendía rebotar al aire unas cuantas preguntas sobre el capitalismo, la izquierda y el futuro. Sobre la necesidad de una perestroika en la socialdemocracia o sobre la interesante aportación ideológica de esas fuerzas anticapitalistas que van escalando posiciones en Europa gracias al empeño del socialismo moderado en seguir ejerciendo el papel de camión-escoba del neoliberalismo. Pero resulta que el Partido Popular no da un mínimo margen a la pretensión de discutir sobre aquello que en realidad debería mover cualquier proyecto político: las ideas. No lo permite porque, en un plazo de cuatro días (fagocitado ya ese supermartes en el que Rajoy juró que “no habrá una próxima vez”, al tiempo que esa próxima vez se visualizaba en el desplante de Esperanza Aguirre), el único grupo político con opciones de recuperar el Gobierno ha demostrado por penúltima vez que lo que menos le importa en su estrategia de oposición son las ideas. Confiado en que el paro y la incertidumbre económica serán las dos grúas que sacarán a Zapatero de la Moncloa, el PP se lanza al más simple oportunismo político sin importarle hacer trizas cualquier mimbre de un Estado de Derecho.

Ese “todo vale” con tal de recuperar el poder (pegamento mágico que suele tapar las grietas internas por profundas que sean) ha quedado estos días meridianamente expuesto en dos asuntos de extrema gravedad: la crisis del secuestro del Alakrana y la denuncia del sistema de escuchas Sitel.

Apropiarse de las víctimas

El PP tiene ya mucha práctica en la fea costumbre de ejercer como único y exclusivo defensor de las víctimas, ya sean del terrorismo etarra o del islamista. El pasado jueves, a los pocos minutos de conocerse el ultimátum de los piratas somalíes, que amenazaba con empezar a matar rehenes, los máximos dirigentes del PP lanzaron sus dentaduras sobre el cuello del Gobierno utilizando la legítima y comprensible angustia de las familias de los pescadores secuestrados. Aunque resulte increíble en cualquier otro país que ha sufrido chantajes similares, el principal grupo de la oposición propone que el Gobierno se haga responsable del pago del rescate exigido por los terroristas y que se cumpla también su exigencia de extraditar a los dos piratas encarcelados en Madrid por orden judicial.

El giro copernicano del PP en política antiterrorista no es apto para cardiacos, incluso cuando quien lo argumenta es alguno de sus líderes supuestamente más centrados. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, proclamó anteayer en Los Desayunos de TVE que “la justicia e interpretación de normas debe tener en cuenta la situación, el contexto en que se aplica; hay rehenes, y Gobierno y justicia deben trabajar juntos para traerlos a casa”. ¿Es que no recuerdan ni el PP ni Feijóo su posición durante el frustrado proceso de paz con ETA y el caso De Juana Chaos? Pues repasen la hemeroteca, porque el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, fue injuriado y colgado en la plaza pública por una frase bastante más ambigua.

Lo de Sitel es otro muro que el PP no debería saltar, porque ofende aún más a la inteligencia. Ese sistema de interceptación de comunicaciones que utilizan las fuerzas de seguridad fue encargado y pagado en 2001 con Mariano Rajoy como ministro del Interior. Costó un mínimo de diez millones de euros, pero el Gobierno de Aznar (astro rey de la austeridad en el gasto público) fue incapaz en los tres años siguientes de darle una cobertura legal pese a tener mayoría absoluta. Ahora, el PP se atreve a proclamar que Sitel sirve para realizar escuchas ilegales, entre las que (¡oh, sorpresa!) se incluyen las que sirven como pruebas de la trama Gürtel. Es decir, con tal de boicotear la investigación de la corrupción, al PP no le importa acusar sin evidencia alguna a Gobierno, fiscales y policías de un delito continuado “contra los derechos fundamentales”.

Curiosa coincidencia: en 30 años de democracia, sólo dos grupos políticos han denunciado reiteradamente que en España no existe la separación de poderes: uno (Batasuna) es ilegal. El otro aspira a volver a gobernar.