Llamar profanación a pintarrajear la lápida de Franco es, cuando menos, exagerado. Para que haya profanación siempre ha de haber un pico y una pala y ha de desaparecer algo de las tumbas, empezando por las propias lápidas, que Cela convirtió en La Colmena en mesas de café; el fiambre, ya sea para venderlo a la ciencia, hacer Frankensteins en noches de tormenta o pedir un rescate a la familia; e, incluso, partes del finado, preferentemente los dientes de oro que siempre se vendieron bien al peso para hacer sortijas. Lo del artista Enrique Tenreiro no ha pasado de ser un graffiti inocente con el que, según ha explicado, pretendía promover la reconciliación entre españoles. Siempre se podrá ver sacrilegio en el color rojo de la pintura pero no en la supuesta paloma que, dibujada con tantas prisas, se da un aire al aguilucho de la vieja bandera.

Es verdad que las sepulturas de los dictadores son muy golosas para los profanadores. Nada de esto pasaría con la de Franco si hubiéramos podido imitar a los italianos, que metieron a Mussolini en una tumba sin nombre después de ser fusilado y colgado cabeza abajo; o a los argentinos, cuyas protestas impidieron que Videla yaciera en el panteón familiar y que, al parecer, reposa en un cementerio privado de Buenos Aires bajo una identidad falsa. Desde los egipcios se sabe que levantar pirámides para enaltecer a los tiranos atrae a los saqueadores más que la miel a las moscas.

En busca de una solución para la momia de Franco, al que su familia quiere inhumar en la catedral de la Almudena cuando abandone el Valle de los Caídos, la vicepresidenta Carmen Calvo viajó a Roma para buscar complicidades y lo que consiguió fue darse de bruces con la diplomacia vaticana o hacer el ridículo, que tanto monta. Para negociar con la Santa Sede hay que hacerlo a cañonazos, como hizo Enrique de Guzmán, embajador de Felipe II y conde de Olivares, al que el Papa Sixto V quiso prohibir que llamara a sus criados con una campana por considerar que era éste un privilegio cardenalicio. Tras fracasar en sus audiencias, el conde optó por métodos más expeditivos y sustituyó las campanas por disparos de cañón. Poco después, y ante los estruendos que hacían temblar la ciudad, el Pontífice accedió a que el embajador y sus sucesores usaran la campana para comunicarse con el servicio.

El Gobierno tiene en su mano cañones suficientes en esta disputa, más allá de actuar contra las inmatriculaciones o acabar con los privilegios fiscales de la Iglesia, que no han de ser objetos de negociación alguna como seguramente pretende la Curia. Ni siquiera sería necesario aplicar de manera un tanto extraña la Ley de Memoria Histórica, que es la opción que ahora mismo se baraja. Bastaría con hacer cumplir el propio Derecho Canónico, que desde el Concilio Vaticano II prohíbe enterrar cadáveres en iglesias, a no ser que se trate del Papa, cardenales u obispos, y ya de paso acabar con el negocio de la venta de nichos en ‘suelo sagrado’ con el que la Iglesia hace caja con nuestros ricos más distinguidos.

Aunque finalmente le saliera el tiro por la culata, un Ejecutivo que planeaba acabar con el veto del Senado al techo de gasto con una enmienda a la ley de violencia de género no debería tener muchas dificultades para modificar la ley general de Sanidad o la normativa aplicable a este caso y prohibir la inhumación en lugares públicos, por muy embalsamados que estén los cadáveres. Un anuncio en este sentido sería suficiente para que los doctores que tiene la Iglesia, que no son sordos, escucharan el estallido del cañón y se avinieran al campanilleo.