Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencias Políticas

La última peripecia de Rodrigo Rato ha suscitado un verdadero escándalo sobre todo por el grado de negligencia, incompetencia y corrupción del conjunto del sistema que pone de relieve. Se han escuchado muchas voces indignadas pidiendo que se abra en España un proceso similar al de Islandia hace unos años. No es mala idea. Pero, para evitar que la desactiven con el habitual argumento de la incomparabilidad entre los dos casos, convengamos en que lo que se quiere imitar de Islandia no son las medidas o actos concretos sino el principio general de abrir una investigación pública, con participación de la ciudadanía, acerca de la forma en que las autoridades políticas, económicas y financieras han gestionado la crisis. En otras palabras un examen público del funcionamiento de las instituciones de la totalidad del sistema pues está quedando claro que es defectuoso, a veces incomprensible, lleno de vicios, claramente injusto, con frecuencia ilegal y plagado de corrupción.

Por eso es legítimo plantear un proceso “islandés” en cuanto examen y evaluación públicos del funcionamiento de nuestro sistema supuestamente democrático. Motivos sobran, están en el ánimo de todos: desde el paro a los desahucios, desde el clientelismo al despilfarro, pasando por los recortes, las privatizaciones de beneficios y socializaciones de pérdidas, las ruinas de las empresas y las jubilaciones áureas de quienes las arruinan, el conjunto produce la impresión de una irracionalidad en la que rige la ley del más fuerte, el más rico, el más influyente. A los unos se los indulta; a los otros se les aplica la legislación vigente.

Lo primero que llama la atención es la deliberada mezcla de lo público y lo privado, fundamento de toda corrupción. La misma política de privatizaciones desde los poderes públicos es una burla que, a veces, se prolonga en el tiempo. Un gobernante privatiza una empresa pública y seis años después la empresa “privada” lo nombra asesor con una paga suculenta. Eso ¿cómo se llama? Nada porque, fuere lo que fuere, a los cuatro o cinco años habrá prescrito. Se niegan los conflictos de intereses. ¿Acaso los políticos, los parlamentarios encargados de hacer las leyes no se sitúan por encima de ellas? Por ejemplo, el incumplimiento de la Ley de incompatibilidades es clamoroso, a veces mediante fraude de ley, a veces porque sí.

Las instituciones encargadas de controlar los poderes, el Parlamento o los tribunales, no funcionan. Por la misma dinámica del sistema que, gracias a un pintoresco sistema electoral proporcional, consigue mayorías absolutas, el Parlamento no controla el gobierno. Solo los tribunales de justicia ejercen alguna fiscalización, constantemente interferida por los partidos políticos, cuyo predominio en el funcionamiento institucional es, al mismo tiempo, imprescindible y muy perjudicial.

Los partidos no suelen ser transparentes y dejan mucho que desear en cuanto a su funcionamiento interno democrático pero, al controlar todos los poderes del Estado (con mayor o menor eficacia) se han constituido en unos estados dentro del Estado y han consolidado su posición independizándose de los avatares sociales mediante la financiación pública. Esta está en el origen de una serie de contubernios en los que el Tribunal de Cuentas resulta inoperante y que apuntan a uno de los puntos más negros del funcionamiento de la democracia: la confusión de intereses entre los partidos y los bancos, unos bancos que pueden dar trato de favor a unos partidos que luego legislan sobre ellos y los favorecen. Y el régimen de intercambio de prebendas no se limita a los bancos y los partidos sino que se extiende a las empresas en general y los organismos de la administración pública gestionados por los partidos. Mismas componendas, mismos tratos. Los favores se pagan luego con puestos para los políticos cuando dejan de serlo o para sus parientes y allegados ahora mismo. Donde media el oro no existe el decoro.

Quiere la teoría política pura que los medios de comunicación ejerzan esa función fiscalizadora de los poderes que está abandonada y que, además, la extiendan a las relaciones entre lo privado y lo público. Pero es difícil que lo hagan dado que los medios son, en primer lugar, empresas y, como tales, dependientes de las relaciones que se establezcan con los poderes públicos y los partidos y las posibles colusiones de intereses.

La conciencia de que el sistema está viciado, que no funciona, que es ineficaz, corrupto e injusto, está muy generalizada, es compartida por la mayoría de la población como muestran los barómetros del CIS y los sondeos sobre popularidad de políticos, partidos, instituciones, sobre prestigio de estas o de las magistraturas. Lo que nadie tiene claro es cómo darle forma práctica.

Eso es, en cierto modo, lo que la gente espera de movimientos como el 15-M, razón por la cual estos tienen tanto apoyo; una innovación radical, un giro copernicano, una refundación del orden socio-político. Y lo espera, además, sin violencia y sin revolución. Quizá esté aquí el meollo de la cuestión. El término “perroflautas” recuerda el de “sans-culottes”, pero solo en la forma. ¿La participación pacífica y espontánea de la gente en asambleas y manifestaciones puede conseguirlo? Si no tienen un seguimiento masivo, es dudoso. ¿Las convocatorias y movilizaciones a través de las redes sociales? El gobierno se apresta a considerarlas delitos. No hay duda de que el tiempo está abierto.