Como si se tratara de una broma macabra del destino, el Congreso de los Diputados reclamó ayer al Gobierno que “garantice la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo”. Todos los grupos, a excepción del PP, apoyaron la propuesta de ICV y la votaron casi a la misma hora en que se conocía la petición de Baltasar Garzón de abandonar la Audiencia Nacional e irse de España. Exactamente ese impulso en la ejecución de la Ley de Memoria Histórica es el que llevó al juez a admitir a trámite la denuncia de las asociaciones de víctimas, hartas de tanta palabrería hueca y del escaso compromiso oficial con la reparación de los derechos de sus familiares desaparecidos. Por dar desde los tribunales ese mismo impulso que ayer respaldó el Parlamento, Garzón se ha visto encausado por el Tribunal Supremo a instancias de la Falange.

No hay un solo medio de comunicación internacional de prestigio que no se haya mostrado estupefacto ante la persecución judicial a Garzón. El instructor Varela se empeña en considerar prevaricación unos hechos que llevaban a la misma conclusión a la que llegó ayer el Congreso. ¿Es posible que la Justicia española siente a Garzón en el banquillo por hacer aquí lo que la Corte Penal Internacional le ofrece seguir haciendo en La Haya? Pues lo es. Esa oferta y la votación parlamentaria de ayer dan la razón a un juez derrotado.