Juan Francisco Martín Seco

Economista

Vivimos en un mundo bastante desquiciado. Las instituciones se preocupan de lo que no les incumbe y, no obstante, desatienden sus finalidades más directas. El BCE –tan inútil a la hora de conseguir la estabilidad financiera de la eurozona a pesar de ser sumamente celoso de su independencia– no tiene ningún reparo en entrometerse en las competencias de los gobiernos nacionales, dando instrucciones en materias de política fiscal o de relaciones laborales. El Banco de España se ha pasado todo este tiempo hablando de pensiones, de déficit público, de salarios y de abaratamiento del despido, y sin embargo viene dando muestras de total ineptitud en lo que respecta a solucionar la crisis de las entidades financieras, no sólo porque haya descuidado su control durante la burbuja inmobiliaria, sino porque, después de tres años, el problema continúa sin resolverse y ni siquiera estamos seguros de su auténtica dimensión.

Ahora, Joan Rosell, patrón de patronos, se empeña en arreglar el sector público cuando tiene a sus empresas hechas unos zorros. Habrá que recordar que el origen de esta crisis está en el sector privado, que era el que se encontraba endeudado en exceso mientras el sector público presentaba sus cuentas con superávit. No son el derroche y el despilfarro de las Administraciones Públicas los que nos han llevado a esta situación, sino la irresponsabilidad de las entidades financieras, promotoras, constructoras y demás ganado del rebaño de Rosell. Esos sí que han vivido por encima de sus posibilidades.

Mal que le pese al presidente de la CEOE, en lo público las cosas no pueden ser igual que en lo privado. El déficit de las administraciones no es equivalente a la cuenta de resultados de una empresa, ni se puede afirmar que sólo podemos tener la economía de bienestar que podamos permitirnos. Todo depende de la presión fiscal que estemos dispuestos a soportar y si queremos que determinados servicios se financien vía precio o vía impuestos. No sobran empleados públicos, faltan empresarios que paguen sus gravámenes. Bien es verdad que, a lo mejor, lo único que pretende Rosell es que actividades como la sanidad o la educación dejen de ser públicas y pasen al sector privado.