Resulta extraño, como mínimo, que más proteste el presidente de Castilla-La Mancha por el (pre)acuerdo de financiación alcanzado entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España que el jefe del Ejecutivo castellano y leonés. Al fin y al cabo, Emiliano García-Page, Salvador Illa y Pedro Sánchez pertenecen a la misma familia política, la socialista, aunque el jefe del Ejecutivo castellano-manchego sea muy consciente de a quién debe sus votos en las elecciones autonómicas. En las autonómicas de 2023, Page logró una mayoría absoluta (una rara avis) de 17 escaños frente a los 12 y 4 de PP y Vox, respectivamente. En las generales de ese mismo año, no obstante, la (ultra)derecha de PP y Vox se llevó 14 escaños en el Congreso frente a los 8 del PSOE. 

Podríamos pensar, pues, que tantos equilibrios tiene que hacer Emiliano García-Page en las políticas de su territorio como Pedro Sánchez en esta España nuestra para garantizarse el Gobierno, pero se nos olvida un común denominador para ambas causas: Madrid. El territorio de Ayuso -podríamos decir “la plaza”, por grima que nos dé a las antitaurinas- compite políticamente tanto con Castilla-La Mancha como con La Moncloa, porque así lo ha decidido quién manda realmente en el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, aunque haya decidido dar una última oportunidad a Alberto Núñez Feijóo… y quizás así se explique la histeria del presidente del PP la semana pasada en el Congreso con las saunas y la homofobia. 

Objetivamente y en este momento, el texto del acuerdo sobre la financiación catalana no contiene nada que no pudiera integrar un texto pactado entre Galicia y el Gobierno estatal o Castilla-La Mancha y el ídem, con el filtro de las singularidades de cada una, si quisieran y/o pudieran sus gobernantes. Entonces, ¿por qué tanto ensañamiento por parte de Page contra Sánchez, que va mucho más allá de la discrepancia y se mete de lleno y cieno en competición electoral contra su partido? ¿Acaso Page no pediría lo mismo que su homólogo socialista Salvador Illa si tuviera -o dijera que tiene, ya se verá- la capacidad de Catalunya para autogobernarse como ésta quiere hacerlo? ¿Estamos entendiendo aquí que las críticas que van más allá de la competencia interterritorial suponen una asunción de dejación de funciones o una lucha partidista? ¿Contra quién, en el caso de Page? ¿No hablamos de un proyecto federal del Estado cuando hablamos del PSOE; no hablamos de autonomía política, administrativa e incluso, legislativa? 

La cuestión de la financiación catalana ha servido para confirmar que la debilidad parlamentaria de Sánchez llevó el sosiego a Catalunya, al menos, por un tiempo, guste o no a los detractores de la ley de amnistía; los datos son los datos. Eso no significa, sin embargo, que los catalanes vayan a renunciar a aquello que creen que les corresponde… como deberían hacer los castellano-manchegos. Para eso, Emiliano García-Page tendría que emprender un chequeo real a la presunta solidaridad interterritorial que le rodea, empezando por la vecina Madrid, a la que no cita estos días. Capitalidad, dumping fiscal, servicios públicos a la baja… Y La Mancha, tierra con tierra, dejando que el aspirador madrileño le chupe hasta la sangre; pero el problema es Catalunya, dicen... Hasta Cristóbal Montoro, que fue ministro del PP, como saben, entendió que lo de Madrid era intragable en un marco solidario estatal y pidió unos mínimos (y máximos en materia fiscal) para armonizar los territorios de esta España nuestra. Nadie le escuchó; al fin y al cabo, en el PP y en Fuensalida, contra Catalunya, se vive mejor que contra Madrid, el paraíso (fiscal) de la libertad a tocateja.