Protección social, asignatura pendiente para las trabajadoras domésticas

Joaquin Nieto

Director de la OIT para España

Judith Carreras

Consejera de la OIT para España

Las trabajadoras y trabajadores del hogar son imprescindibles con el modelo de organización social actual. Ayudan a millones de familias a resolver sus necesidades más básicas. Hacen la comida, limpian las casas y cuidan de nuestros seres más queridos.

El trabajo doméstico se ha convertido en vital para la economía de muchos países, también para la economía de España, donde más de 600.000 trabajadores domésticos –el 90% mujeres- atienden a más de un millón de familias.

Aunque puedan pasar desapercibidas y no contabilizarse en términos de productividad, la aportación de las trabajadores domésticas resulta clave para la marcha de la economía actual y la sociedad. Liberan el tiempo y la atención de millones de otros trabajadores, permitiéndoles participar en la más amplia gama de actividades productivas para la sociedad, haciendo posible que muchas personas con responsabilidades familiares accedan a un trabajo asalariado. Realizan unas labores socialmente impagables de cuidado de los niños y de las personas con edad avanzada o diversidad funcional. Sus ingresos revierten en la economía de los países en los que trabajan y en los países de los que proceden si son son migrantes.

Hay muchas razones de peso para apreciar mejor su aportación. Sin embargo, hay algo que todas ellas comparten, sea cual sea su país de origen. En todos los casos su labor arrastra consigo un escaso aprecio, cuando no el menosprecio que históricamente se ha concedido al trabajo que desempeñan las mujeres en el seno del hogar. Poco importa que la aportación de su trabajo este siendo necesario para la reproducción social. Ese trabajo sigue siendo todavía infravalorado social y económicamente. Más aún, al desempeñar sus labores aisladamente, tras las puertas cerradas de los hogares, se convierten en trabajadores especialmente vulnerables por lo que demasiado a menudo, carecen de los mínimos derechos laborales. Y eso sucede en todo el mundo, donde sólo el 9% de las empleadas del hogar tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores.

La OIT acaba de publicar un nuevo estudio de la OIT sobre ‘Protección social para los trabajadores domésticos: principales tendencias políticas y estadísticas’ en el que denuncia que no sólo el trabajo doméstico se encuentra entre las ocupaciones con remuneraciones más bajas, sino que además 60 millones de trabajadoras domésticas de los 67 millones que hay en el mundo carecen de protección social. El estudio advierte además que los 11,5 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes suelen enfrentar una discriminación aún mayor: el 14% de los países cuyos sistemas de seguridad social ofrecen algún tipo de cobertura para los trabajadores domésticos, no confieren los mismos derechos a los trabajadores domésticos migrantes.

Los mayores déficits en la cobertura de la seguridad social para los trabajadores domésticos están concentrados en los países en desarrollo. Sin embargo, también existen déficits en algunos países industrializados. En Italia, por ejemplo, alrededor de 60% de los trabajadores domésticos no están en los sistemas de seguridad social. En Francia, el 30% de los trabajadores domésticos están excluidos de la cobertura de seguridad social. También en España donde, a pesar de los avances logrados desde que los sindicatos consiguieran introducir en la reforma de las pensiones de 2011 la incorporación de las empleadas de hogar al régimen general de la seguridad social, todavía el 30% están sin afiliar.

Efectivamente, España ha conocido un incremento muy importante de afiliación desde el cambio normativo de 2011 pasando de un 43% de afiliación a finales de 2011 (248.916 afiliadas sobre un total de 686.900 ocupadas) al 70% en 2015 (424.423 afiliadas sobre un total de 614.200 ocupadas), quedando todavía un 30% por afiliar.

Otro aspecto a tener en cuenta es el grado de cobertura de los sistemas de protección social. Los países que exhiben índices más elevados de cobertura efectiva para el trabajo doméstico, lo han logrado mediante la puesta en práctica de una combinación de estrategias, que incluyen: la aplicación de la cobertura obligatoria en vez de voluntaria, esquemas de contribución diferenciada en relación con los aplicados al resto de trabajadoras asalariadas, subsidios estatales, incentivos fiscales, esquemas de afiliación para trabajadoras que trabajan para más de un empleador o que lo hacen en jornada parcial, programas de educación y sensibilización dirigidos a las trabajadoras domésticas y sus empleadores, el uso intensivo de tecnologías de información, la puesta en práctica del mecanismo “vale de servicio”, entre otras medidas.

Los países europeos han establecido la cobertura en la mayoría de ramas de la seguridad social, excepto para algunas contingencias como los riesgos laborales, que no están comprendidos en la cobertura en países como Irlanda, o como las prestaciones de desempleo en España.

El informe de la OIT demuestra que la protección social para este colectivo es factible y asequible ya que incluso en los países de bajos y medios ingresos, como Mali, Senegal y Vietnam, lo han conseguido. Esa protección puede ser también completa, incluido el derecho a la prestación por desempleo, que en países como España se podría implementar de inmediato. No hay ninguna razón que justifique que en España las trabajadoras domésticas sean el único colectivo de trabajadores sin derecho al desempleo.

El Convenio 189 de la OIT sobre ‘Trabajo Decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos’ y la Recomendación 201, adoptados en junio de 2011, son una buena herramienta para mejorar las leyes y prácticas en los países. Establece los estándares mínimos de protección para quienes desempeñan trabajo doméstico remunerado y tiene el objetivo de garantizar que las trabajadoras y los trabajadores del hogar puedan disfrutar de condiciones justas de empleo como el resto de los trabajadores, y tener un trabajo decente y una vida digna.

Ya son veintidós los países que han ratificado el Convenio 189, seis de ellos europeos (Alemania, Italia, Irlanda, Portugal, Bélgica y Finlandia) pero hace falta seguir sumando muchos más. Entre ellos España, que aún no lo ha ratificado. Hacerlo supondrá un reconocimiento, esta vez pleno, de derechos para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Un paso tan importante o más como lo fue, hace cuatro años, su incorporación a la Seguridad Social.