“Mami, ¿por qué nos tenemos que ir?”. Así, entre lágrimas, nos contaba Maritza que le había preguntado su hija. Cuando les llegó la orden de desalojo decidieron salir antes de la casa para evitar que la niña sufriera más de lo debido. Como ella, miles de personas han tenido que dejar sus hogares: desde 2008 se han iniciado en España hay casi 700.000 procesos de ejecución hipotecaria que han dejado a muchas personas en la calle sin poder defender sus derechos ante un juez.

La vivienda es un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución española, pero no es un derecho “de primera”. No está protegido de igual forma que otros, como el derecho a la vida o a la libertad. La consecuencia más directa es que los derechos “de segunda” no pueden reclamarse ante la justicia de la misma manera.

Lo mismo sucede con otros derechos, como el acceso a la salud. Con la crisis como excusa se han tomado medidas regresivas que son injustificables y contrarias a la legislación internacional y que han dejado sin tarjeta sanitaria a cerca de 800.000 inmigrantes en situación administrativa irregular.

Por eso, porque queremos que los derechos humanos se encuentren en el centro de la vida pública, protegidos todos por igual, sin clases ni jerarquías, para todas las personas y garantizando su financiación, desde Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón pedimos una reforma de la Constitución que comience por cambiar el artículo 53. Esto contribuirá a garantizar una vida digna, especialmente a las personas más vulnerables, como Maritza.

"Nos preocupa que la Carta Magna no haya actuado como escudo protector frente a las violaciones de derechos humanos"

Más allá de la polémica levantada por la reforma del artículo 135 de la Constitución sobre el techo de la deuda, o del debate sobre la aplicación del artículo 155, que permite al Estado intervenir para obligar a las autoridades de una Comunidad Autónoma a cumplir las leyes cuando se han agotado todas las vías de control, nos preocupa que la Carta Magna no haya actuado como escudo protector frente a las violaciones de derechos humanos. Nos planteamos varias cuestiones: ¿quiere seguir alejándose España de los tratados internacionales que ha firmado? ¿Quiere situarse a la cola de Europa en materia de derechos humanos, en lugar de avanzar en su protección y reconocimiento?

Pero hay más. También pedimos que se mejoren, por ejemplo, las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos, y que se garantice el derecho de reunión pacífica, incluso en aquellos casos donde la comunicación previa de la concentración no es posible. Si no, el derecho de manifestación y la libertad de expresión seguirán estando en peligro en España, tal y como ya hemos denunciado las organizaciones y diversos organismos internacionales, entre ellos varios relatores de Naciones Unidas.

El año que viene se cumplen 30 años desde que se firmó la Constitución española y queremos poder celebrarlo. Dice la RAE que blindar es "Proteger exteriormente con diversos materiales, especialmente con planchas metálicas, una cosa o un lugar contra los efectos de las balas, el fuego, etc". Eso queremos: que nuestros derechos estén protegidos, a prueba de balas.